Arít León Rodríguez
Vaya, esa la veíamos venir, con 42 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el Congreso de la CDMX aprobó el decreto para extender la presencia del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028.
La medida se aprueba un día después de que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezaron una reunión con el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, así como con grupos parlamentarios del congreso capitalino para discutir la reforma que autoriza la presencia del Ejército en tareas de seguridad.
El diputado Víctor Hugo Lobo Román del PRD manifestó su rechazo a la reforma al señalar que los capitalinos no ven “con buenos ojos” la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública. Y bueno no es mentira, no solo a los capitalinos les inquieta la presencia del ejercito en rondines por las ciudades del país, pero también es inquietante el índice de delincuencia en las calles, así que ¿entonces?.
En todo caso la polémica se ha puesto intensa.
Documentos expuestos por ciberactivistas mostraron que el ejército ha recibido apoyos millonarios para espionaje a activistas feministas, periodistas y activistas por los derechos humanos. Oh vaya.
Pues pese a eso, debemos reconocer algo.
Quienes desde hace años, inclusive antes de la llegada de AMLO a la presidencia, los que entraban a las zonas bravas donde la delincuencia tenia corredores de negocio, fue la Marina de México, porque los policías municipales y estatales simplemente no tienen la capacitación ni el equipo para enfrentar a los grupos delictivos operando en el país.
Esa es la realidad.
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Recientemente en la Ciudad de México se dio un hito histórico, ya que por primera vez se dictó una sentencia de 70 años de cárcel por el delito de feminicidio, la pena más alta que marca el código penal para la Ciudad de México.
Un juez dictó la pena máxima, una sentencia de 70 años de prisión, para Erick Francisco Robledo, feminicida de Ingrid Escamilla, por el crimen cometido en febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Al término de la audiencia de individualización de pena, el litigante también detalló lo que Erick Francisco Robledo deberá pagar por concepto de reparación de daño. “Es una indemnización material, esa quedó determinada en 616 mil 100 pesos y por lo que hace a los gastos funerarios, que son dos meses de salario, tomando como base el salario que regía el día de los hechos, que asciende a la cantidad de 7 mil 393 pesos”, resaltó.
Nada, en comparación al daño realizado a la familia de Ingrid, Antelma, madre de Ingrid Escamilla, dijo que está satisfecha con la resolución del juez, al recordar que era la pena que estaban buscando. Expuso que, por fin, Ingrid y su familia van a descansar en paz.
