Luego de tres años, la Cámara de Diputados avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito; fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación
Agencias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya no tendrá la obligación de notificar a personas físicas o morales cuando les bloquee cuentas al detectar indicios de financiamiento al terrorismo o lavado.
A tres años de presentada la iniciativa en el Senado, la Cámara de Diputados reformó la Ley de Instituciones de Crédito, con 266 votos a favor de Morena-PT-PVEM y 219 en contra de la oposición. Fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.
El dictamen aprobado por el pleno contempla modificaciones al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, avalado por las bancadas de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT y PVEM, y los votos en contra del PRI, PAN, PRD, y MC.
Al igual que en la legislatura pasada, la única diputada de Morena en contra del dictamen fue Lidia García Anaya. La legisladora presentó una reserva que fue rechazada y manifestó que la propuesta de su bancada no es en contra de la delincuencia organizada, sino que afecta a las personas físicas y morales.
Esta reforma no es en contra de la delincuencia organizada es en contra de personas físicas y morales con nombre y apellidos que han visto vulnerando sus derechos y la legalidad en la que vivimos”, advirtió.
La reforma, que fue enviada del Senado a la Cámara de Diputados, fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.
En contra de la iniciativa, el diputado por el PRI, José Yunes Zorrilla, sostuvo que la iniciativa aprobada afecta los principios constitucionales fundamentales de seguridad jurídica y garantía de audiencia. Enfatizó que ningún ciudadano puede ser privado de sus derechos sin un juicio en tribunales y esta reforma abre una puerta peligrosa para que desde el Estado persiga, lastime o transgreda.
Nadie puede ser privado de sus derechos, de sus propiedades, de sus posesiones, de su libertad, si no media juicio en primer lugar. Desarrollado en tribunales previamente establecidos, donde se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento”, advirtió.
El diputado del PRD, Marcelino Castañeda, consideró que está reforma está destinada a ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al vulnerar los derechos humanos y garantías de las personas. El legislador de oposición manifestó que la reforma lleva dedicatoria hacia los opositores de esta administración para ser investigados.
