– Desplegados en todo el país, atenderán delitos como la compra de votos, condicionamiento de programas sociales y violencia política en razón de género
– Candidatos pueden ser sancionados con penas de hasta 9 años de prisión y 15 años para candidatos o partidos que reciban aportaciones económicas ilegales
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, de la FGR, ha recibido 76 denuncias por presuntos delitos electorales desde septiembre del año pasado que arrancó el proceso electoral federal, considerado el más grande de la historia del país por el número de cargos públicos en disputa.
Del total de las denuncias, 10 se presentaron por la presunta utilización de fondos, bienes o servicios públicos para apoyar a un candidato, partido, coalición o agrupación política, de acuerdo con información de la Fisel, encabezada por el fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti.
La mayor parte de ellas, 32, se interpusieron por presuntas violaciones al artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su fracción XI, que establece sanciones a quien “se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales”.
El resto de las querellas ante la FiseI, de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales se tramitaron por apoyar a un candidato en horario laboral y por supuesta utilización de fondos ilegales en campañas políticas.
Más de 7 mil funcionarios de la Fisel y de la Fiscalía General de la República (FGR) desplegados en el país reciben las denuncias de los candidatos y partidos durante este proceso electoral por delitos tales como la compra de votos, condicionamiento de los programas sociales y violencia política en razón de género.
De incurrir en dichas conductas, los candidatos pueden ser sancionados con penas que van desde los dos hasta los nueve años de prisión, y de hasta 15 años para los candidatos o partidos políticos que reciban aportaciones económicas ilegales.
La Fisel capacitó a alrededor de 6 mil servidores públicos de las 32 delegaciones de la FGR para la atención y recepción de las denuncias por posibles delitos electorales que podrán ser presentadas en las oficinas de las fiscalías federales de la Fiscalía General de la República.
También capacitó a través de distintas plataformas a servidores públicos de las secretarías de Estado, órganos desconcentrados y paraestatales en Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, Prevención de Delitos Electorales y Responsabilidades Administrativas, Delitos Electorales y sus Mecanismos de Denuncia.
De igual forma, diseñó y distribuyó alrededor de 46 mil cartillas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en español y en las lenguas indígenas náhuatl, mixe, maya, tzeltal, tzotzil, mixteco, mazateco y zapoteco./ (EL UNIVERSAL)
