-La ASF estimó en su momento que la anulación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México tuvo un costo erogado de más de 110 mil millones de pesos
Luis Vallejo
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), proyectado en Texcoco durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y suspendido por decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó una factura millonaria para las finanzas públicas, que hoy están bajo el agua.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó inicialmente que la cancelación del proyecto representaría un costo de 331 mil 996.5 millones de pesos, una cifra que superaba en más de tres veces los 100 mil millones de pesos calculados por el gobierno federal en 2019. Sin embargo, posteriormente el organismo ajustó su estimación a 113 mil 327.7 millones de pesos, al modificar los conceptos contabilizados.
La diferencia entre ambos cálculos reflejó la complejidad financiera de cancelar una obra de esa magnitud. El primer ejercicio de fiscalización incluyó recursos ya erogados, terminación anticipada de contratos, costos financieros y obligaciones pendientes relacionadas con bonos y otros instrumentos de financiamiento.
En febrero de 2021, la ASF advirtió que todavía existían compromisos por liquidar y litigios en curso que podían modificar el costo final. Por su parte, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México cuestionó parte de la metodología utilizada y señaló que algunos conceptos financieros se habían contabilizado de manera incorrecta. Por ello, las estimaciones deben distinguirse de una cifra definitiva e incuestionable sobre el costo total de la cancelación.
RECURSOS COMPROMETIDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
La suspensión del NAIM no significó únicamente detener las obras. También obligó a resolver contratos, cubrir compromisos financieros y reorganizar el esquema de financiamiento que se había diseñado para construir la terminal en Texcoco.
De acuerdo con la primera estimación de la ASF, casi la mitad del costo calculado correspondía a gastos ya realizados hasta 2019, mientras que el resto se relacionaba con obligaciones adicionales pendientes, entre ellas la liquidación de bonos y contratos, así como procedimientos legales.
El impacto económico también debe analizarse desde el costo de oportunidad: los recursos destinados a cubrir las consecuencias financieras de la cancelación dejaron de estar disponibles para otros proyectos o prioridades presupuestarias. No obstante, determinar cuánto dejó de invertir el país en otras áreas requiere un cálculo específico y no puede establecerse únicamente a partir del monto de la cancelación.
El gobierno de López Obrador defendió la decisión con argumentos relacionados con el costo de la obra, el financiamiento y los impactos ambientales de Texcoco. Sin embargo, las cifras de fiscalización y los datos posteriores de operación aeroportuaria muestran que la sustitución del proyecto no eliminó automáticamente los problemas que justificaban ampliar la infraestructura aérea.
En términos de política pública, el principal cuestionamiento es si el cambio de estrategia produjo beneficios suficientes para compensar los costos financieros, contractuales y operativos que generó. La respuesta exige evaluar resultados verificables y no solamente comparar presupuestos iniciales.
A varios años de la decisión, la experiencia de Texcoco deja una lección sobre la importancia de la continuidad de los proyectos de infraestructura, la transparencia en sus costos y la evaluación técnica de sus alternativas. Cuando una obra de alcance nacional se cancela, el costo no se limita a lo ya construido: también incluye las obligaciones que permanecen, el tiempo necesario para desarrollar nuevas soluciones y los resultados que estas ofrecen a los usuarios.