-Transporte público, se ha convertido en una barrera que genera inaccesibilidad, inseguridad, hacinamiento y un trato indigno para este sector y adultos mayores
Las condiciones de movilidad en Chiapas representan una barrera para miles de personas con discapacidad y adultos mayores, debido a deficiencias en el transporte público, la infraestructura urbana y la falta de condiciones de accesibilidad universal, situación que limita su autonomía y participación social.
Entre los principales obstáculos se encuentran unidades que no cuentan con rampas o espacios adecuados para personas usuarias de silla de ruedas, así como banquetas y vialidades que dificultan el desplazamiento de quienes enfrentan alguna discapacidad motriz.
Esta situación también afecta el acceso a servicios esenciales, centros de trabajo, instituciones educativas y espacios públicos, lo que puede incrementar los gastos de las familias cuando las personas requieren utilizar servicios particulares de transporte ante la imposibilidad de abordar una unidad del servicio público.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021 Chiapas registraba 227 mil 878 personas con discapacidad, cifra equivalente al 4.1 por ciento de la población estatal.
Del total de esta población, 53.8 por ciento correspondía a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de entre 0 y 59 años, mientras que 46 por ciento eran personas de 60 años o más.
El organismo también reportó que 45.5 por ciento de las personas con discapacidad presentaba dificultad para caminar, subir o bajar, mientras que 22.5 por ciento tenía dificultades para bañarse, vestirse o comer.
Estas condiciones hacen que la accesibilidad en el transporte y en el entorno urbano sea un factor determinante para que las personas puedan desplazarse de manera independiente y participar en actividades laborales, educativas, sociales y familiares.
A esta problemática se suma el envejecimiento de la población, debido a que las necesidades de accesibilidad pueden incrementarse conforme aumenta el número de personas adultas mayores.
El INEGI también ha señalado que tres cuartas partes de la población que estudia o trabaja se desplazan a pie, en bicicleta o mediante transporte público, por lo que las condiciones de las vialidades y banquetas representan un elemento fundamental para garantizar una movilidad segura.
Dentro de sus indicadores de infraestructura y equipamiento de las localidades, el organismo contempla la cobertura de banquetas en las vialidades, con categorías que permiten identificar si estas se encuentran en todas, la mayoría, la mitad o pocas de las calles.
En este contexto, las deficiencias en banquetas, cruces, paradas y accesos al transporte pueden representar obstáculos adicionales para las personas con discapacidad, particularmente para quienes utilizan silla de ruedas o tienen dificultades para caminar.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en 2022, establece que el derecho a la movilidad debe garantizarse bajo condiciones de accesibilidad para todas las personas usuarias, con prioridad para los grupos en situación de vulnerabilidad.
La legislación contempla que la accesibilidad debe incorporarse tanto en el entorno urbano y la infraestructura como en el interior de los vehículos particulares y de servicio público.
El derecho a la movilidad también se encuentra relacionado con otros derechos, debido a que la posibilidad de trasladarse de manera segura y accesible permite a las personas acudir a escuelas, centros laborales, hospitales, oficinas públicas y otros espacios necesarios para su desarrollo.
En el caso de las personas con discapacidad, la ausencia de condiciones adecuadas puede limitar su autonomía y generar una mayor dependencia de familiares o de servicios de transporte particulares.
Especialistas y organizaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad han planteado la necesidad de que las políticas públicas de movilidad incorporen criterios de accesibilidad universal y que las disposiciones establecidas en las leyes se traduzcan en infraestructura y servicios funcionales.
El desafío para las autoridades consiste en reducir la brecha entre el reconocimiento legal del derecho a la movilidad y las condiciones que existen en las calles y en el transporte público.
Para ello, se requiere considerar las necesidades de las personas con discapacidad en el diseño de vialidades, banquetas, paradas y unidades de transporte, además de fortalecer la supervisión para garantizar que las condiciones de accesibilidad se cumplan.
El envejecimiento demográfico también plantea la necesidad de preparar las ciudades para una población con necesidades diversas de movilidad.
Garantizar un transporte público accesible e incluyente permitiría reducir barreras, fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad y facilitar su participación en la vida económica y social de Chiapas.