-El accidente es solo el inicio, pues el verdadero calvario es el cobro excesivo por arrastre, maniobras y piso, y el desvalijamiento paulatino de sus vehículos
Para los automovilistas involucrados en un accidente, el percance puede ser apenas el comienzo de un problema mayor. Después viene el traslado de la unidad a un corralón, los cobros por arrastre, maniobras y piso, así como el riesgo de perder autopartes durante el tiempo que permanece bajo resguardo.
El abogado municipalista Manuel Márquez señaló que en Chiapas se han multiplicado las denuncias relacionadas con corralones y empresas particulares de grúas, donde los propietarios de vehículos pueden enfrentar pagos de hasta 20 mil pesos para recuperar sus unidades.
Explicó que quienes sufren un accidente muchas veces son trasladados a un encierro oficial sin que exista posibilidad de decidir sobre el destino de sus vehículos.
“El gran viacrucis de los dueños de los vehículos que se vieron circunstancialmente envueltos en un accidente vehicular y que, sin que le pidieran opinión, ordenan que se vayan al encierro oficial”, expuso.
Márquez indicó que el problema se agrava con el cobro diario por el resguardo, ya que mientras más tiempo permanece una unidad en el corralón, mayor es la deuda que debe cubrir el propietario.
Esta situación, dijo, provoca que algunas familias no puedan solventar el monto acumulado y terminen por abandonar sus vehículos, pese a que representan parte importante de su patrimonio.
A los altos costos se suma otro problema: la desaparición gradual de piezas y accesorios de las unidades. El abogado denunció que existen casos en los que los vehículos ingresan con sus componentes completos y, durante su estancia en los corralones, comienzan a perder autopartes.
“Todos los robos hormiga que le van quitando a sus vehículos poco a poco”, señaló, al advertir que en muchos casos no existe un inventario formal que permita comprobar las condiciones en que ingresó la unidad.
Explicó que, sin un documento firmado por el propietario que detalle las condiciones del vehículo, resulta complicado acreditar posteriormente la desaparición de llantas, herramientas, batería, refacciones u otras piezas.
Márquez sostuvo que parte del problema deriva de que los ayuntamientos han dejado de asumir atribuciones que, de acuerdo con el Artículo 115, fracción III, incisos G y H, de la Constitución, corresponden a los municipios en materia de tránsito, vialidad y resguardo de vehículos.
Afirmó que estos servicios deben contar con regulación y tarifas establecidas por la autoridad municipal, en lugar de quedar sujetos a cobros determinados por particulares.
“No hay ninguna autoridad que le interese brindar el servicio al ciudadano. Es una garantía constitucional que el ciudadano tiene y la autoridad está obligada a cumplir”, afirmó.
Ante este panorama, el abogado llamó a las autoridades a reforzar la vigilancia sobre los corralones y empresas de grúas, establecer tarifas justas y contar con mecanismos de supervisión que permitan evitar abusos.
También planteó que las tarifas sean validadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que cada vehículo cuente con un inventario detallado al momento de ingresar, firmado por el propietario.
Con estas medidas, señaló, se podría evitar que el corralón termine por convertirse en un segundo problema para las personas que ya enfrentaron las consecuencias económicas y personales de un accidente.