Ayuntamiento debería establecer con absoluta claridad cuáles son las facultades de los comités vecinales y, sobre todo, cuáles son sus límites, señalan habitantes
Luis Vallejo
La designación de comités vecinales a modo por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, no sólo ha generado cuestionamientos sobre la representatividad de estos organismos, sino que también ha contribuido a una preocupante distorsión: particulares que, bajo el argumento de haber sido nombrados integrantes de un comité de colonia, terminan comportándose como si fueran dueños de los espacios públicos.
A decire de habitantes, este problema quedó nuevamente expuesto el pasado sábado por la noche en la colonia Xamaipak, donde un particular colocó un candado en la reja de una cancha pública y dejó encerrados a jóvenes que se encontraban jugando fútbol, incluidos menores de edad, bajo el argumento de que pretendía darles una “lección”.
Este hecho revela un problema de fondo, ser integrante de un comité vecinal no otorga las facultades para decidir quién puede o no utilizar un espacio público, señalan.
Los comités vecinales pueden funcionar como mecanismos de organización y representación de los habitantes ante las autoridades, pero formar parte de ellos no convierte a nadie en propietario de una cancha, un parque, una calle, un área verde o cualquier otro espacio destinado al uso colectivo.
Sin embargo, como el gobierno municipal ha privilegiado la creación de estructuras vecinales afines al edil o la designación de representantes sin mecanismos claros de participación y rendición de cuentas, existe el riesgo de que estos organismos terminen funcionando como pequeños grupos de poder dentro de las colonias.
Y cuando a dicha situación se suma la ausencia de supervisión de la autoridad, algunos de sus integrantes pueden llegar a interpretar que tienen atribuciones que simplemente no les corresponden.
El caso de la cancha de la Xamaipak resulta particularmente preocupante porque se trata de una cancha pública. No es propiedad de un comité, de su presidente, de sus integrantes ni de ningún vecino en particular. Es un espacio construido para la comunidad y, por tanto, su utilización no debería quedar al criterio de una persona que decide quién puede entrar, jugar o permanecer en él.
El dinero utilizado para construir una cancha, rehabilitar un parque o mejorar un espacio deportivo proviene de recursos públicos. Por ello, el beneficio debe ser público.
El Ayuntamiento debería establecer con absoluta claridad cuáles son las facultades de los comités vecinales y, sobre todo, cuáles son sus límites.
Porque una cosa es organizar a los vecinos para gestionar servicios, seguridad, infraestructura o actividades comunitarias y otra muy distinta es otorgarles, de facto, el control de bienes públicos.
Si un comité pretende cerrar una cancha, cobrar por utilizarla, restringir el acceso o decidir quién puede hacer uso de ella, la autoridad municipal debería intervenir y explicar bajo qué fundamento se permite esa conducta.