Agencias
Para millones de mexicanas, el sonido de una notificación de WhatsApp o el destello de una pantalla ya no es señal de conexión, sino de alerta.
Lo que antes se minimizaba como “comentarios en redes”, actualmente es reconocido como una de las fronteras más agresivas de la violencia de género.
En México, el espacio digital se ha convertido en un campo de batalla donde la impunidad parece ser la norma, pero también donde ha germinado una red de resistencia colectiva que no está dispuesta a dar ni un paso atrás.
Frente a un sistema de justicia que a menudo avanza más lento que un algoritmo, colectivos feministas y organizaciones civiles han tomado la primera línea de defensa.
Grupos como Cultivando Género, Morras Feministas Monterrey y Colectivo DRL (Derechos, Resistencia y Libertad) hoy fungen como refugios digitales.
Estos colectivos ofrecen lo que el Estado a veces omite: acompañamiento psicológico, asesoría técnica para “limpiar” la huella digital y una red de contención emocional que recuerda a las víctimas que lo virtual es real.
JUSTICIA EN LA ERA DEL ALGORITMO
Lo que comenzó en 2020 como un acto de solidaridad entre amigos para borrar el contenido íntimo difundido por una expareja, se transformó en una red de resistencia digital que trasciende las fronteras del estado.
En un entorno donde la Ley Olimpia, diseñada para sancionar la distribución de material íntimo sin consentimiento, no ha logrado frenar la impunidad, el Colectivo DRL (Derechos, Resistencia y Libertad) tomó la iniciativa de patrullar el ciberespacio.
Bajo la dirección de Andy Torres, el grupo no solo identifica y da de baja perfiles dedicados a la comercialización de imágenes sensibles, sino que ha dado un paso más audaz y polémico: la creación de un registro público de agresores.
Trabajamos casos relacionados a contenido íntimo filtrado, un apoyo para poder eliminar esta información que circula, sobre todo en grupos donde se comercializa o comparte esta clase de contenidos, aunque hoy en día también se atienden casos relacionados con menores de edad, presuntamente vinculados con trata y explotación infantil, a partir de la difusión de imágenes sensibles”, aseguró Torres a Excélsior.
A través de Telegram, el colectivo mantiene una lista actualizada con nombres, apellidos y fotografías de quienes comparten o solicitan contenido sexual, una medida que surge como respuesta directa a la revictimización institucional que enfrentan mujeres y niñas en los juzgados.
Diariamente reciben aproximadamente hasta una centena de solicitudes de apoyo para borrar contenido; sin embargo, Torrres dijo que, aunque, “no se trata de un incremento de esa práctica, sino que se percibe más”.
Hoy la percibimos mucho más fácil, además, el incremento (de agresiones digitales) va relacionado con la cantidad de personas que se suman a internet”, sostuvo.
Según datos recientes del Inegi, la magnitud del desafío es evidente en las cifras: 18 de cada 100 adolescentes y adultas oaxaqueñas han sido víctimas de ciberacoso.
Los datos actualizados hasta el año 2024 muestran una disminución respecto al 2023, cuando 23.3% de las oaxaqueñas de 12 años de edad y más reportaron haber sufrido alguna situación de intimidación por medio de tecnologías digitales.
Desde la denuncia de chats grupales como el infame #SierraXXX, donde servidores públicos compartían imágenes de mujeres indígenas, hasta la detección de redes de explotación infantil en escuelas secundarias, el colectivo enfrenta diariamente una marea de solicitudes que refleja una crisis persistente.
Del mismo modo, en noviembre del año pasado, documentaron la existencia de un chat de Telegram, donde personas adultas difundieron imágenes y videos de menores de edad de tres escuelas secundarias, de esta capital.
De acuerdo con la investigación, las imágenes de los cuerpos de las chicas fueron compartidas por personas del primer círculo de las víctimas, al parecer padres, padrastros, tutores; las fotografías se obtuvieron en la privacidad de la vivienda mientras realizaban sus quehaceres o dormían.
Para estas víctimas, en un sistema que a menudo les da la espalda, el activismo digital se ha convertido en la única herramienta capaz de devolverles un fragmento de su derecho a la privacidad
CONVERTIR DOLOR EN ASESORÍA LEGAL
Durante gran parte de su juventud, Leidy López Pecina no tenía palabras para nombrar el delito del que había sido víctima.
El abuso sexual sufrido en su infancia permaneció oculto bajo años de violencia normalizada, hasta que el testimonio de otra mujer actuó como un espejo para que, finalmente, abriera los ojos.
Ese despertar no vino acompañado de consuelo institucional, pues Leidy y su hermana se encontraron con un sistema negligente y un vacío de espacios feministas que las obligaba a “rogar” por apoyo.
Ese hartazgo, coraje y la necesidad de ser escuchadas, las llevó hace seis años a fundar Morras Feministas Monterrey, un especio que nació en la precariedad de la búsqueda de justicia y que hoy se ha convertido en un refugio para más de 200 mujeres que enfrentan violencia sexual, de género y digital en el estado.
Lo que hace que nazca este colectivo es desgraciadamente el caso que nosotras vivimos. Somos víctimas (ella y su hermana) de abuso sexual infantil. Entonces, de ahí nace, desgraciadamente, por la violencia que vivimos nosotras”, aseguró a Excélsior.
Fue tanto el hartazgo que teníamos por la negligencia que tenían con nosotras, en cuanto a lo institucional, al momento de denunciar y también cuando buscamos un espacio feminista que nos apoyara, no lo había, y a parte los que había teníamos casi que rogarles que nos apoyaran”.
A sus 27 años, López Pecina no solo relata su historia como una forma de legitimar su lucha, sino como una herramienta política para que otras mujeres identifiquen agresiones que el sistema se ha insistido en ignorar.
En ese hartazgo, en ese andar, en ese caminar, en ese peregrinar, por así decirlo, emocionalmente y físicamente, es cuando cansadas de todo esto que había como, estábamos varadas en la nada, fue cuando mi hermana y yo decidimos cómo armar un grupo en donde podíamos platicar lo que nos había pasado, sentirnos acompañadas, pedir tips para denunciar, para ver qué podíamos hacer”, detalló.
Desde su colectivo, ha sido pieza clave en la difusión de la Ley Olimpia en Nuevo León, colaborando directamente con la activista Olimpia Melo Corrarl para visibilizar la violencia digital.
Sin embargo, sostuvo, el camino ha sido complicado, ya que las autoridades aún desconocen los protocolos básicos y revictimizan a quienes denuncian.
Tal es el caso que hasta la fecha sólo se ha logrado la justicia para una sola víctima de violencia digital.
Para Leidy, la batalla no solamente es legal, sino cultural; es la misión de asegurar que ninguna mujer tenga que peregrinar sola por el sistema judicial que una vez le dio la espalda.
La joven regiomontana ha participado en documentales como Debanhi ¿Quién mató a Nuestra Hija?, en donde habló de la crisis de desapariciones y feminicidios que enfrenta Nuevo León.
A nosotros nos tocó cuando empezamos a luchar contra temas de violencia digital aquí en Nuevo León, el que tuviéramos que traer a Olimpia aquí para que pudieran primero conocer la ley, entenderla y luego después que los procesos de denuncia fueran realmente tomados en cuenta”, estableció la joven activista regiomontana.