Agencias
Para Estados Unidos, es innegable que México es tierra de destino de inversiones, pero existe una triada que pone en riesgo a sus empresas: la poca certeza jurídica, la corrupción y la inseguridad.
El Departamento de Estado de EU emitió su más reciente Evaluación del Clima de Inversión en México 2025, un documento que, en su tono habitual, reconoce las ventajas geográficas y de mercado del país, pero lanza severas advertencias para el capital extranjero.
El reporte se convierte en un termómetro de la percepción de Washington sobre los riesgos para las empresas estadunidenses en México, justo en un momento de auge del nearshoring.
El informe destaca que México conserva atributos clave para la atracción de capitales.
De hecho, subraya que “México atrae inversión extranjera debido a su proximidad con Estados Unidos y acceso preferencial al mercado del país, estabilidad macroeconómica, gran mercado interno, creciente base de consumidores y trabajadores cada vez más calificados”, citando las bases sólidas que permiten al país ser el principal socio comercial de su vecino del norte.
Estos factores han sido clave para que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa (IED) registró un récord de 34 mil 265 millones de dólares al segundo trimestre de 2025.
No obstante, la preocupación principal del Departamento de Estado recae en los cambios en el marco legal y la política energética.
El informe sostiene que “los cambios legales y políticos han incrementado la incertidumbre”, lo que diluye el potencial del nearshoring y la estabilidad que debería brindar el T-MEC.
Una de las citas más contundentes del documento señala que “las reformas judiciales de 2024 pueden afectar aún más al panorama jurídico para los inversores extranjeros, al influir en la previsibilidad e imparcialidad de las decisiones judiciales, así como en la reciprocidad de la resolución de disputas”.
Esto se refiere directamente a la iniciativa de elegir a jueces y ministros por voto popular, que el gobierno estadunidense ve como un factor de riesgo que merma la confianza en el Estado de derecho.
El informe del Departamento de Estado también toca puntos sensibles en materia energética y de interpretación legal en temas fiscales.
Las aseguradoras estadunidenses, por ejemplo, denunciaron que el SAT cambió su interpretación de la ley para exigirles el pago retroactivo de IVA sobre reclamaciones de daños.
Esta clase de acciones se suman a la lista de “impuestos retroactivos” y “la falta de control a la piratería
Adicionalmente, el documento hace notar que el país tiene un rezago en cuanto a compromisos ambientales, ya que para que la nación aproveche al máximo el nearshoring se requerirá “cambiar a energías renovables” para hacer frente a los desafíos climáticos.
Aunado a la incertidumbre legal y fiscal, el informe repite y profundiza las inquietudes por la corrupción y la inseguridad.
La corrupción sigue siendo una de las cuatro mayores preocupaciones de los inversionistas extranjeros, de acuerdo con el Departamento de Estado.
El texto no omite el impacto de la violencia.
La versión 2025 del reporte “repite las preocupaciones de violencia en diversas áreas del país”, un factor que, según la Cámara de Comercio de EU en México, obliga a las empresas a invertir “cinco por ciento de sus presupuestos corrientes” en medidas de seguridad.
El impacto de la inseguridad en los procesos democráticos también es notorio, pues se menciona que “el ciclo electoral de 2024 fue uno de los más violentos de la historia moderna de México”, suscitando alerta por la seguridad de la participación política.
El mensaje final de EU es claro: la oportunidad del nearshoring es innegable, pero para aprovecharla al máximo, México debe resolver los desafíos estructurales de certeza jurídica, corrupción y seguridad que se han convertido en una sombra sobre su atractivo como destino de inversión.
