René Delios
Todo lo que produce determinado ingreso, debe de pagar impuestos, y más si se transforma.
Pero en éste país pese a las miserias acumuladas, sus funcionarios más corruptos han permitido de todo en aras de la evasión fiscal, aún se trate de trasnacionales millonarias, de enriquecidos mexicanos mala fe para con su patria –a la que hoy celebran eufóricos, como Ricardo Salinas Pliego- a la que sangraban sin ningún rubor gracias al proteccionismo infame de ex presidentes.
Son secuelas de lo que se llama paternalismo, clientelismo y corporativismo -según el sector de que se trate- que arrastramos desde el siglo pasado dentro del sistema político mexicano, demagogia implícita, que mal acostumbró a los sectores productivos a todo tipo de mercedes y privilegios, todo por un populismo institucional a la mexicana, colgado del culto a la imagen del mandatario, sea el alcalde, el gobernador o el presidente, a cambio de contratos, concesiones o del perdón fiscal, o hacer como el que no ven que por años comprando a sus líderes, le escamotearon millones de pesos en derechos a sus trabajadores.
Unas basuras.
Por décadas mucha gente no pagó impuestos, no oficializó sus establecimientos, y el gobierno inventó eso del régimen simplificado y aplaudieron, por ejemplo, los taqueros, que bien pueden tener de tres a seis establecimientos y no, no son empresarios, son taqueros, en algo irresponsable del propietario para con la nación.
¿O no?
Ahora resulta que don Salinas Pliego es víctima de la 4T, porque le asignaron para evaluar su amparo a la ministra Lenia Batres, y claro que se lo va a trabar pues, no la va a poder comprar como pasaba antes se hacía en la Suprema Corte, y que avaló a éste angelito para dilatar el pago de 74 mil millones de pesos.
Sí, es un varo.
Todavía recuerdo el cómo nada más por llevarle la contraria a la queja de AMLO, reconocieron que se le había hecho justicia a José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala, que fue señalado culpable de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en su municipio, en el estado mexicano de Guerrero, entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre de 2014, por lo que cumple once años ese magnicidio.
En el primer intento de hace nueve años no salió, y en el recién de hace tres meses, tampoco (cosas absurdas como la compasión -para quien no la tuvo con nadie-, de mandar a morir a su casa por enfermedad terminal a Miguel Angel Feliz Gallardo, el ex líder del Cártel de Guadalajara, basamento del llamado cuatro letras), pero otros sí compraron su libertad.
Pero José Luis Abarca fue declarado inocente por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, aunque seguirá preso por otros delitos, sino es culpable él ¿Quien? Una decisión incomprensible, cuando todo apunta a él y a su vínculo con Guerreros Unidos. No salió de la cárcel pese a la jugarreta legal; tiene aún otros cargos pendientes de los varios que se le adjudicaron en la fecha, muy aparte de que la FGR apeló el fallo del juez de referencia, como una muestra más del cómo se la gastaban en los juzgados en dónde argumentan que ellos determinan de acuerdo a la integración del expediente, cómo si el juzgador no se pudiera dar cuenta del cómo, el fiscal del ministerio público, manipula el documento para beneficio del delincuente, y desde luego que el imputado y su defensa, así como la víctima o el ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público –vía juez- que realice los actos de investigación que consideren necesarios para esclarecer los hechos o conformar adecuadamente el expediente penal, exigiendo que la carpeta se integre bien.
Esa es la realidad legal.
Pues los juzgadores fueron renovados al fin el día 15 de septiembre: 846 juzgadores y juzgadoras tomaron posesión en las asignaturas del poder judicial de la federación por todo el país, y esperemos que no sea más de lo mismo en el intríngulis de la interpretación de la ley, en éste país de injusticias acumuladas.