Hay un panorama generalizado de violencia contra las mujeres en Chiapas, pues persiste la crisis de violencia.
Y es que si bien es cierto que desde el gobierno se actúa con rapidez en el esclarecimiento de los hechos, se detiene al homicida, la constante de ese hecho sigue y la satisfacción es pobre: incluye incluso, victimas menores de edad.
Igual sucede con los avances legislativos logrados de la mano de colectivas y diputadas; algo pasa que no se reduce la incidencia, y la realidad del estado es otra: muy violenta.
Y eso que hay una serie de reformas impulsadas en la actual legislatura, muchas de ellas propuestas directamente por los colectivos feministas, como la tipificación del feminicidio con penas de hasta 100 años de prisión y la pérdida de la patria potestad para los sentenciados; la tipificación de los ataques con ácidos o sustancias corrosivas; el reconocimiento de la igualdad salarial, el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo; la prohibición de las terapias de conversión, la Ley Ingrid y la Ley de Duelo por Muerte Perinatal; la creación de protocolos en materia de turismo para la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como la aplicación de un enfoque en la reeducación masculina.
¿Falta que la ciudadanía conozca esas leyes?
Desde luego, y aunque el que no la conozca no impide que se la apliquen al victimario, lo cierto es que juzgarlo no remedia la violencia, pues ahí están los números.