El Senado analiza una iniciativa que plantea que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y no de la Sedena para recuperar su mando civil, así como que el Ministerio Público sea el que dirija las investigaciones y no instancias militares para evitar excesos y violaciones a derechos humanos.
La iniciativa de reforma constitucional elaborada por la senadora del PRI, Carolina Viaggiano, propone que la Federación cuente con la Guardia Nacional, institución de seguridad pública de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad del orden federal para ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública en el ámbito de su competencia, con la coordinación y colaboración de estados y municipios, así como la salvaguarda de bienes y recursos de la nación.
“La presente iniciativa no sólo busca garantizar que toda intervención de carácter militar en funciones de seguridad ciudadana se encuentre debidamente regulada por la ley y sometida al control de órganos civiles, sino que se busca hacer más clara la relación entre los sujetos que intervienen en la investigación de los delitos”, indica la iniciativa.
Se establece de manera inequívoca que las instituciones mencionadas (Ministerio Público, SSPC, la Guardia Nacional y las policías) están compuestas por personas que deben actuar bajo la conducción y mando del propio MP.
De esta manera se refuerza la idea de que el Ministerio Público siempre será el responsable de la investigación y su coordinación, mientras que las otras instituciones deben actuar bajo su liderazgo, garantizando la jerarquía y unidad en la investigación.
“Resulta imperativo aprobar esta reforma no sólo porque su adopción representa el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Estado mexicano, sino porque al hacerlo se garantizará que la Guardia Nacional conserve su naturaleza civil y que las investigaciones penales sean conducidas por autoridades ministeriales competentes, lo que permitirá fortalecer el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”.
Viaggiano expone que en México, como en muchas otras partes del mundo, existe una legítima preocupación respecto a la participación directa de los cuerpos policiacos y militares en procesos de investigación penal y en seguridad pública.
“Tales inquietudes se sustentan en diversos datos y antecedentes que evidencian cómo estas instituciones, cuando no están debidamente reguladas o supervisadas, pueden actuar de manera incompatible con los principios del debido proceso, afectando la imparcialidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos en la procuración de justicia”. / (EL UNIVERSAL)