A diario se escribe en las redes sociales y en alguno que otro medio “masivo” que México está de lo peor en la política económica, la política social, la política en sí, pero eso no incluye a la oposición inmadura que convoca incluso a que la “sociedad” no votara en la elección para renovar ministros, magistrados y jueces del poder judicial de la federación, porque atenta en contra de la necesaria y democrática división de poderes.
Pero la gente votó, y aunque no hubo una participación extraordinaria, sustentó legalmente la elección, la que desde luego fue impugnada pero logró superar la sustentación y el fallo fue legitimar el proceso, por lo que hoy toma posesión la nueva corte de justicia de la nación, luego de que ésta se remodelara a lo neoliberal por Ernesto Zedillo Ponce de León, es decir, tres décadas después, y hoy amanece incluso con nuevo logo, al que se le ha agregado innecesariamente un bastón de mando indígena.
No son fueron pocas las opiniones serias que auguraron una baja participación ciudadana en la votación judicial, sea porque fue la primera en la historia electoral de México, sea porque para la percepción de la gente el poder judicial no iba a cambiar con los votos, y va a seguir siendo tan corrupto como siempre. El punto es que a ese proceso no lo legitima nada que no sea el voto, pues ese fue el motivo de la reforma al poder judicial de la federación: democratizarlo, que sea el pueblo el que elija a sus integrantes.
Y eligió, incluso, a un indígena como ministro presidente de la corte, siendo la segunda vez que pasa eso: el primero fue Benito Juárez García.
¿Coincidencia, sorpresa?
No, fue el voto, una como conciencia social convergente, que reitera la historia cuando se debe.