Manuel Gil Antón/EL UNIVERSAL
¿Cómo entender el conflicto magisterial sin reducir lo que sucede a la descalificación de alguno de los actores? Desde el 15 de mayo, y no sólo en la Ciudad de México, un grupo amplio de docentes inició una huelga, y se ha movilizado para exigir que se resuelva un conjunto de demandas reiteradas. El análisis cesa si se les considera delincuentes. El gobierno federal ha generado espacios para atenderlas. Declarar que la actual administración está al servicio de los ricos y es neoliberal, cierra la posibilidad de comprender lo que sucede.
Ambas posiciones coinciden: hacen una caricatura del actor al que repudian y consideran que tal “explicación” aclara las cosas. Falso.
Las y los profesores, no nada más los que están en las calles, tienen problemas serios. La derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 se orienta a resolver un tema central: el sistema de jubilaciones. Abrogar la Reforma Educativa que sustituyó, en 2019, a la que impuso Peña Nieto, tiene asidero pues, a su juicio, sólo modificó el nombre de una instancia en la SEP, el Servicio Profesional Docente (SPD), para denominarla USICAM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros), sin modificar, con base en el artículo 123, apartado B, los procesos de ingreso y promoción del magisterio. Exigen terminar con un régimen laboral de excepción. Añaden 100% de incremento salarial, reinstalar a docentes cesados, justicia social y democracia sindical.
Al considerar las dos primeras demandas (a mi entender las cruciales) es conveniente recordar que la presidenta Sheinbaum, en su campaña, se comprometió a derogar la ley calderonista del 2007, y a eliminar a la USICAM. Las razones que esgrimió coinciden con las del personal docente: es necesario resolver de otra manera el tema de las jubilaciones, y es preciso apegarse a la ley en los procesos para integrarse al servicio educativo y los que conducen a las promociones.
¿Por qué, si coinciden, hay un conflicto tan fuerte? Me parece que, más allá de las formas de protesta de la CNTE y las modalidades de respuesta del gobierno —aspectos que son importantes y se pueden (y deben) criticar— subyace un asunto muy complejo en lo que toca a las jubilaciones: la viabilidad económica de un retorno a las condiciones previas. El sistema pensionario anterior, basado en el ahorro colectivo, brindaba mejores condiciones de retiro a las derivadas de las cuentas individuales que administran las Afores. Sin embargo, la cuantía de recursos que se deberían destinar a ello es inmensa. El gobierno advierte que no se puede sostener, incluso si se realizara una reforma fiscal. El magisterio sí lo estima factible: hay que reducir las ganancias del sector privado y reorientar el gasto.
Visto así el problema, es posible entender, no descalificar, las posiciones de ambas partes. ¿Sin la movilización del magisterio advertiríamos el problema? Lo dudo. Sin considerar la coyuntura que enfrenta el país, externa e interna, los cambios en la estructura de la población en México y la finitud de los recursos públicos, ¿comprenderíamos la complejidad el asunto? Tampoco.
Se abre, entonces, el espacio a la negociación, a la política en su mejor sentido, a la generación de soluciones posibles, rejegas al todo o nada. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Hay que reducir la polvareda que toda simplificación suscita, y hacernos cargo de la seriedad del tema. Hallar los mejores espacios para argumentar, debatir e imaginar. Y, sobre todo, saber escuchar, bien, de quien se discrepa.
