Jorge Nader Kuri/EL UNIVERSAL
La elección de juzgadores celebrada el pasado 1 de junio marcó un punto de inflexión en la historia judicial mexicana. Se trató de una apuesta audaz y sin precedentes en el mundo por acercar el sistema de justicia a la ciudadanía mediante el sufragio directo. Más allá de las posturas encontradas, esta experiencia representa un punto de partida que, lejos de cerrar un ciclo, abre una etapa de revisión que debe asumirse con responsabilidad, autocrítica y visión técnica.
En este contexto, el proceso electoral evidenció áreas de oportunidad en materia de transparencia, idoneidad y difusión. Muchos ciudadanos no conocían a los candidatos ni contaban con información clara sobre sus trayectorias, propuestas o antecedentes. La falta de filtros que garantizaran perfiles con solvencia profesional, calidad técnica y ética fue uno de los vacíos más evidentes, debilitando la legitimidad del proceso. A ello se sumó una muy baja participación ciudadana, que apenas superó el 12?% del padrón electoral. Estos hechos, desde luego, no invalidan jurídicamente el ejercicio democrático, pero revelan una ciudadanía aún distante del quehacer judicial. La democracia no se agota en el voto: exige información, formación y confianza en nuestras instituciones.
La reforma judicial que dio lugar a esta elección se legitimó discursivamente en la necesidad de combatir el elitismo, abrir el sistema judicial al escrutinio público y romper inercias que durante décadas reprodujeron redes cerradas. Como toda transformación estructural, ahora requiere ajustes que permitan equilibrar apertura con profesionalismo, participación con técnica y representatividad con independencia judicial. Sólo así podrá consolidarse un modelo funcional y sostenible.
En este sentido, una reforma necesaria consiste en regular de manera estricta la integración, el funcionamiento y las atribuciones de los comités de evaluación encargados de revisar los perfiles de los aspirantes y aprobar las candidaturas. Estos comités deben ser verdaderamente independientes, contar con reglas claras, una metodología técnica y plena transparencia. Su responsabilidad debe ser revisar a fondo cada postulación y determinar, con base en criterios verificables y estándares de mérito, quiénes reúnen las condiciones mínimas para aparecer en las boletas electorales. Si estos comités cumplen su función con rigor, no será necesario recurrir a sorteos -como la tómbola- que debilitan la seriedad del proceso.
Como parte de las herramientas a disposición de los comités, debe incorporarse la aplicación obligatoria de exámenes sobre conocimientos jurídicos, razonamiento judicial y experiencia práctica. Su diseño y aplicación estarían a cargo de un órgano técnico especializado, distinto e independiente de los comités de evaluación, pero sus resultados serían vinculantes. Estos exámenes funcionarían como filtros objetivos para excluir a quienes no alcancen un nivel básico de competencia y garantizarían una base mínima de calidad en todos los perfiles, sin menoscabar el principio de participación democrática.
En suma, la elección judicial fue sólo el inicio. Lo que sigue es construir un sistema más robusto, participativo y técnicamente solvente. Reformar no es retroceder, sino corregir el rumbo para que la justicia sea un bien público de calidad al servicio de todos.
jnaderk@naderabogados.com
(Abogado penalista)
