Nuevamente –luego de la ONU- arremeten contra México en materia de derechos humanos, pues ahora en su informe anual 2024, que da seguimiento a las recomendaciones emitidas a diferentes países, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconoció algunos de los avances y compromisos por parte del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero igual destacó que persisten “múltiples desafíos y obstáculos”.
Desde luego que persisten: la corrupción sigue presente en diversos niveles de gobierno, en la procuración y administración de la justicia, tanto en el fuero común como en el federal, y eso lo tiene claro el pueblo de México, pero también que, el trato a la inconformidad, a la demanda, ya no es igual: las y los buscadores, por ejemplo, son escuchados e integrados a los procedimientos de búsqueda.
Por eso decir que la CIDH observó un “debilitamiento institucional en cuanto a búsqueda e identificación de personas desaparecidas, que afecta la capacidad del Estado para garantizar la instrumentación de la Ley General sobre desaparición”, es exagerar, pues la ley en Materia de Desaparición Forzada y de la ley Nacional de Búsqueda están contempladas para integrar a las madres buscadoras, como auxiliares oficiales en la Comisión Nacional de Búsqueda.
Y se fue por el otro lado critican “el traslado” de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, pues representan “un retroceso en la aplicación de estándares internacionales”, cuando al interior del país, si hay elementos a la que la gente le tiene confianza, son a los del ejército.
El punto es que México tiene 80 recomendaciones sobre seguridad ciudadana, desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, personas en situación de vulnerabilidad, libertad de expresión, entre otras, que datan desde 2015, que más o menos han sido atendidas.
Bueno fuera se atiendan, y no por lo que pueda opinar la CIDH, sino porque son casos que reclaman mexicanas y mexicanos a los que se les tiene que hacer justicia.
