René Delios
Un nuevo reporte del grupo Global Witness indica que 25 activistas de los derechos de la tierra fueron asesinados en México el año pasado; la cifra supera a los incidentes registrados en otros países del mundo.
Ahora las balas buscan a las buscadoras, casi todas mujeres.
Con el asesinato de María del Carmen Morales en Jalisco, son 28 las mujeres abatidas por la cobardía: México está en una terrible crisis de desaparición de personas, pues esa situación arbitraria se mantiene. Obvio las familias los y las buscan, y cuando se acercan mucho a la verdad, se han vuelto objeto de amenazas y ataques mortales.
Tan solo porque buscan a sus seres queridos por zozobra, amor, justicia.
¿O cómo? ¿Olvidarlos como si no fueran nadie para la tranquilidad de sus victimarios?
Integrantes de colectivos de búsqueda y organizaciones condenaron el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, asesinados este miércoles en Jalisco, y exigieron una investigación “exhaustiva e independiente”, en la que se tome en cuenta su actividad de búsqueda. Y no se vea solo como un “asesinato doloso”, pues la tan evidenciada fiscalía jalisciense –sobre todo luego del caso del rancho Izaguirre y sus crematorios-, emitió un comunicado simplista en el que dice a priori que “no existen elementos que indiquen que el asesinato de la activista, tuviera relación con su actividad”, esto dado a conocer con una rapidez inusual para este tipo de casos de doble homicidio, en el que se implica a una activista, e igual ha pasado en casos de periodistas.
Todo documentado.
Porque México también tiene su historial negro en torno al asesinato de comunicadores, y en cuyas investigaciones han inventado de todo, desde origen pasional hasta nexos con el narcotráfico, y no se descarta la posibilidad, pero no se ha certificado nada en esos casos dados a conocer a la ligera, más para diluir el hecho entre la opinión pública con el descrédito de la víctima.
Y es que, en eso de matar a periodistas, México se destaca en el mundo, pues sigue encabezando la lista como el más peligroso para ejercer el periodismo, todo esto en medio de una descomposición del trabajo civil y social en el que debió desarrollarse esta profesión, y que ha merecido también el cuestionamiento no solo del actual gobierno, sino la falta de credibilidad de la población: por “chayoteros”.
Hoy México ocupa el tercer lugar con más periodistas asesinados del mundo, solo por detrás de Palestina y Pakistán, que tienen guerra.
En 2024, de acuerdo a los datos de Periodistas sin Fronteras, en todo el mundo fueron asesinados 54 periodistas, 16 de ellos en Palestina, siete en Pakistán y cinco en México; en esa lista aparece Víctor Morales, de Chiapas, quien era editor del portal de noticias Realidades; el cuerpo fue encontrado en una carretera con impactos de bala, signos de tortura, las manos atadas y el rostro cubierto.
No se ha sabido nada más –obvio se le desacredito en las redes: chayorero, extorsionador, entre otras lindezas pero en sí, nunca se supo por qué lo mataron con tanta saña-, como en otros tantos asesinatos, que en el caso de Chiapas, nos la deben también con Mario Gómez y Fredy López Arévalo, y si nos vamos más para atrás, nos dejaron en el limbo con los homicidios de Tito Gallegos Sobrino y Roberto Mancilla Herrera.
Ahora, la llamada 4T pisa parejo: la crítica al régimen deriva de los chayotazos que reparte Mexicanos contra corrupción, de Claudio X González, o por Ricardo Salinas Pliego, a través de sus fundaciones que ha usado para evadir impuestos, por lo que ¡Todos! de alguna forma somos chayoteros.
No, ese tipo de periodista ya se volvió incómodo para la 4T, como también para el narco: éste oficio está a dos fuegos, y la miopía gubernamental de siempre para con quienes no coinciden a modo con su filosofía sociopolítica, si no limita su función, sí desampara su trabajo.
Lista aparte son los ambientalistas, como indicó al inicio de éste bodrio.
Sus homicidios están más altos que el de buscadoras y reporteros: un total de 25 defensores del medio ambiente y los territorios sagrados, fueron asesinados en el país durante 2024 –fueron 20 en 2023-, reveló un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, publicado ayer.
¿Las historias? Las mismas: por protestar, demandar, denunciar deforestación de santuarios, zonas protegidas, y aún lo obvio de qué intereses se ven afectados, nada, solo impunidad.
Ahí están los números.
Así, como en el caso de María del Carmen minimizado por la fiscalía de Jalisco, hay los que pagan con su vida ser buen periodista, o comprometida activista buscadora o ambientalista, en un México en el que la autoridad, minimiza en lo posible cada caso, mientras un olor a impunidad se extiende por el país.
