En 23 estados del país, grupos delincuenciales lograron adaptar tecnología muy barata para fines criminales, poniendo en juego la gobernabilidad, señala especialista
El crimen organizado ha logrado monitorear con cámaras de video ciudades en 23 estados de la República y, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, tuvo la capacidad de instalar 9 mil 597 equipos, lo que equivale a montar casi tres veces el C5 del estado de Guanajuato.
Los equipos fueron desactivados y asegurados por las Fuerzas Armadas, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incautó 8 mil 653 cámaras de videovigilancia en el primer bimestre del 2025.
De enero a febrero los elementos de la Defensa Nacional aseguraron en Guanajuato 5 mil 320; en Sinaloa, mil 27; en Veracruz, 538; en Zacatecas, 502, y en Sonora, 179, entre otros. En tanto, la Guardia Nacional (GN) del 1 de enero de 2020 a febrero de 2025 desactivó 275 videocámaras, sin precisar los estados.
La Secretaría de Marina aseguró 669 videocámaras de 2024 al primer bimestre de 2025. En Veracruz, 576; Sonora, 37, y Puebla, 22, entre otros estados, según estadísticas de las dependencias proporcionadas a EL UNIVERSAL vía transparencia. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato el C5 cuenta con 4 mil 300 puntos de videovigilancia.
Daniel Castillo Santander, maestro en seguridad y estrategia aplicada, detalla a propósito la teoría conocida como “Estado de protección”, en el que el crimen organizado actúa como si fuera un gobierno paralelo; proporciona servicios, da protección y cobra impuestos.
“El caso de Guanajuato podría ser un ejemplo de esa teoría. ¿Y a qué vamos? No nada más hacen una red de vigilancia, están obteniendo control sobre la población. No es simplemente decir que les avisen cuándo viene la policía o la fuerza armada, también vigilan la entrada de grupos antagonistas, quién sale de su casa, quién está en un negocio, cuánto ganan, cómo pueden extorsionar de alguna forma. Lo que se pone en juego es literalmente la gobernabilidad de la zona”, enfatiza a El Gran Diario de México.
Castillo considera que la colocación de cámaras es una muestra del nivel de complicidad y corrupción que se vive y lo rebasadas que están las fuerzas del orden en esa entidad. Recuerda que hace ocho años se empezaron a emplear los primeros drones con explosivas en Michoacán y ahora es algo común.
El especialista en seguridad nacional sostiene que los grupos delincuenciales adaptan tecnología muy barata para fines criminales y se hace popular.
“En el caso de Guanajuato, el uso de esta videovigilancia posiblemente se va a extender. Tenemos que agarrar el problema de raíz. ¿Dónde está el accionar de las autoridades civiles? ¿Dónde está el gobierno? Porque claramente saben cuáles son”, subraya.
Indica que se requiere voluntad política de la autoridad civil, porque mandan a las Fuerzas Armadas a quitar las cámaras, pero cuestiona el actuar del gobierno.
“¿Qué pasa si la autoridad civil está de alguna forma coludida? ¿Qué hacen? Entonces, se debe recuperar la gobernabilidad. Esto de las cámaras es una muestra del nivel realmente de gobierno alternativo criminal que tienen en la entidad.
“Ir en contra justamente de la raíz del problema sería recuperar el Estado de derecho y que la autoridad sea el poder constitucional, no el poder fáctico del crimen organizado”, remarca.
Expresa que estas acciones se van a extender a más entidades. “¿Podemos ver esto en otras ciudades después? Sí, así como vimos el uso de drones primero en Michoacán y luego se extendió a toda la nación, lo vamos a poder ver con las cámaras”.
Alberto Hidalgo Montes, doctor en Seguridad Pública, Procesamiento Penal y Política Criminal, señala que la colocación de los equipos es un avance natural de las células delincuenciales; el problema radica en que el Estado se acostumbró sólo a los actos violentos.
Agrega que el gobierno olvida que la delincuencia cuenta con inteligencia y contrainteligencia, por lo que las autoridades deben reaccionar más rápido para igualar sus capacidades y anticiparse.
En algunos estados, comenta, no ven necesario invertir en tecnología y esos huecos los aprovecha la delincuencia para establecer centros de monitoreo, como ocurre por ejemplo en Sinaloa.
