Editorial

12/abril/2025

 

El hecho de que se disminuya el flujo de recursos en aras de una austeridad que sabemos no se registra al cien en ninguna parte –pues la corrupción no se erradica por decreto-, y se manipule las cantidades en torno al gasto social, no garantiza que en las entidades los programas de beneficio caigan en el control de buenas manos.

 

¿Cómo regulan o administran en total transparencia esos recursos?

 

Regionalmente, de siempre, han sido más o menos los mismos los que se han beneficiado de los cargos y encargos, coludidos con alcaldes y delegados, por lo que no sorprende que sea en las regiones –y hasta los municipios- donde se vigile con lupa el blindaje electoral que incluso aplicarán algunos gobiernos estatales, pues aunque parezca que no, las elecciones de junio para renovar por primera vez en la historia, el poder judicial, sí es del interés de la presidenta de la República, pues es un procedimiento iniciado por su mentor, Andrés Manuel López Obrador, y en suma un golpe letal al último bastión del neoliberalismo depredador que tanto ha cuestionado la 4T desde su instalación en el poder.

 

Durante sexenios, en las regiones del estado esperaban con avidez esos programas no para servir, sino para servirse de ellos, y exprimir al máximo esos beneficios a la gente, a las que a cambio de ese derecho, alcaldes o líderes utilizaban política y electoralmente.

 

Leo a muchos culpar a la pasada administración de los males del estado cuando, esa y la otra y aún la otra anterior, o sea desde el 2000, todos esos gobiernos heredaron a un Chiapas rezagado, saqueado, explotado por las oligarquías políticas y económicas en colusión con altos funcionarios del gobierno federal, pero también por todo tipo de organizaciones campesinas y agrupaciones sociales regionales, que igual se sirvieron y se han servido del dinero de las instituciones a través de los programas “para su gente”.

 

Por eso indignan hoy los y las que se comportan como portadores de la verdad cuando, se sabe, que han sido parte de los que han afectado seriamente al estado, sirviendo al partidismo o al institucionalismo a ultranza; a las siglas y en el gobierno que haya sido.