Agencias
El fuero constitucional en México es una figura jurídica establecida por la Constitución Política que proporciona inmunidad procesal a ciertos servidores públicos, garantizando que no puedan ser perseguidos o juzgados por delitos comunes u oficiales sin que antes exista un proceso específico conocido como “declaración de procedencia” o “desafuero”.
El objetivo principal del fuero constitucional es proteger el ejercicio libre e independiente de las funciones de legisladores, gobernantes, magistrados y otros servidores públicos, evitando así presiones políticas, venganzas o persecuciones judiciales arbitrarias que puedan obstaculizar sus responsabilidades institucionales.
¿Quiénes gozan de fuero constitucional en México?
Actualmente, los servidores públicos que cuentan con esta protección constitucional incluyen:
Presidente de la República.
Diputados y senadores del Congreso de la Unión.
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Consejeros de la Judicatura Federal.
Secretarios de Estado.
Fiscal General de la República.
Adicionalmente, las constituciones locales otorgan fuero a gobernadores, legisladores estatales, magistrados locales y algunos otros funcionarios según cada entidad federativa.
¿Cómo opera el desafuero?
Para que un servidor público protegido por fuero pueda enfrentar un proceso penal, se debe seguir un procedimiento específico conocido como “juicio de procedencia” o desafuero. Este proceso implica:
Presentación formal de la acusación ante la Cámara de Diputados.
Análisis y dictamen de la comisión instructora respectiva.
Sesión plenaria en la Cámara de Diputados para decidir, mediante votación, si procede o no retirar el fuero.
En caso afirmativo, el funcionario queda a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar los cargos en su contra.
Críticas al fuero constitucional
Aunque el fuero se diseñó originalmente como una medida de protección democrática, en la práctica ha generado críticas porque se considera que algunos servidores públicos se han escudado tras esta figura para cometer actos ilícitos o de corrupción, aprovechando la lentitud o complejidad del proceso de desafuero.
Por ello, diversas voces sociales, políticas y académicas han pedido reformas profundas o la eliminación del fuero, argumentando que México debe fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, sin que el fuero se convierta en sinónimo de impunidad.
Reformas recientes
En los últimos años, han existido reformas parciales destinadas a limitar el alcance del fuero constitucional, especialmente desde 2018, cuando se buscó eliminarlo o reducirlo significativamente para ciertos cargos públicos, incluyendo al Presidente de la República. Sin embargo, estas reformas han tenido resultados limitados debido a las complejas negociaciones políticas que requieren acuerdos legislativos amplios y cambios constitucionales profundos.
El fuero constitucional en México ha sido objeto de múltiples intentos de reforma en las últimas décadas. Una de las modificaciones más relevantes ocurrió en abril de 2021, cuando el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 108 constitucional que permite que el Presidente de la República pueda ser juzgado por delitos como corrupción, delitos electorales, y cualquier otro ilícito, de la misma forma que cualquier ciudadano. Aunque esto representó un avance simbólico importante, en la práctica, el procedimiento para llevar al mandatario ante la justicia aún requiere que el Senado valide la resolución de la Cámara de Diputados, lo cual sigue representando un filtro político significativo.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), el fuero tiene sus raíces en el siglo XIX, influido por el modelo parlamentario francés, y fue concebido originalmente como una garantía para la libertad de expresión de los legisladores. No obstante, su aplicación se ha ampliado progresivamente a otras figuras del poder público, generando un sistema que a menudo ha sido criticado por facilitar la impunidad en casos de corrupción o abuso de poder.
A nivel estatal, hay una gran disparidad en la legislación sobre el fuero. Por ejemplo, estados como Jalisco y Nuevo León han eliminado el fuero para la mayoría de los funcionarios, incluidos gobernadores y diputados locales. Sin embargo, en otras entidades como Veracruz o Chiapas, el fuero sigue vigente y ha sido motivo de controversia en procesos judiciales contra políticos locales. Esto evidencia la necesidad de una homologación normativa a nivel nacional que evite vacíos legales o usos discrecionales del privilegio.
Según un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado (2023), entre 2000 y 2023 se presentaron al menos 29 solicitudes de juicio de procedencia en la Cámara de Diputados, de las cuales solo 7 derivaron en desafueros efectivos. Esto refleja tanto la complejidad del procedimiento como la resistencia política para llevarlo a cabo, especialmente cuando los involucrados pertenecen al partido mayoritario en el Congreso.
En resumen, el fuero constitucional en México sigue siendo un tema de gran relevancia política y jurídica que, aunque tiene fundamentos democráticos claros, también presenta grandes desafíos en términos de justicia, transparencia y combate a la corrupción.
