A todo gobierno hay que cuestionarlo por lo que se padece en la sociedad; es el rector de la cuestión social y política, y sanciona a quienes rompan las reglas y caigan en desacato a la ley; de no cumplir esa consigna de alguna forma, se permite la impunidad, que fue lo que de alguna manera se vivió en algunas zonas de Chiapas.
Desde luego que toda protesta social es contra las ineficiencias del gobierno y así debe manejarse –y mantenerse-, pues es presión social que conlleva a la aplicación de la justicia.
Grupos organizados de mujeres se van a manifestar hoy y mañana nueve de marzo, según su agenda, en protesta por la falta de respuestas concretas y reales a sus demandas no solo de equidad, sino también de justicia, pues es bastante el índice de impunidad que, desde la pensión alimenticia hasta los feminicidios, beneficia a terceros más que a las perjudicadas y víctimas de la misoginia.
El día internacional de la mujer, el 8 de marzo -8M- no es fecha para la conmemoración, sino de reclamo.
Desde luego que como en otras manifestaciones, conmemoraciones, aniversarios, hay también acciones políticas que buscan más que exigir justicia, capitalizar imagen.
El movimiento feminista amerita resultados, no discursos. Hoy, la manifestación de referencia tiene justa razón de ser, aun a riesgo de que se manipule políticamente, pues como nunca hay una presidenta de México, y trece entidades están dirigidas por mujeres, esto es tres más del récord que ya se rompió el año pasado con el nombramiento de Delfina Gómez, en el Estado de México. Tres han sido elegidas por el Partido de Acción Nacional y 10 por Morena; Guanajuato, Morelos y Veracruz tienen por primera vez una mujer al mando del Estado.
Como nunca hay diputadas –incluso locales- y senadoras, cientos de presidentas municipales.
Hay presencia de la mujer, se podrá decir, en el poder, pero falta irónicamente, la justicia; la gente con su voto, ya hizo su parte: equilibró la paridad, y el gobierno como tal, debe garantizar la justicia.