Nada, ni la fe, se da por decreto.
Y lo refiero porque la calidad moral no depende de la apariencia, de los logros, sino de las actitudes.
Hoy las modificaciones a la ley antinepotismo electoral defraudan, y lo hacen porque lo propuso el partido en el poder, en aras de beneficiar a su alianza, en un cobro de factura por parte del PVEM, aunque todos los partidos se benefician de ello pues en todos, existe el caciquismo electoral, en que unas familias copan las candidaturas más importantes, y en el caso de San Luis Potosí es evidente pues, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, es esposo de la senadora Ruth Miriam González Silva –ambos del verde-, quien pretende suceder a su marido en el cargo de gobernador en 2027, en que es la elección constitucional, por lo que de entrar en vigencia la norma Sheinbaum, la senadora no podría ser aspirante.
Pero no todo se registra en el Legislativo, también en la judicial, por del que se ha acusado de interpretar a modo el código penal de que se trate y resuelve de acuerdo a criterios tan encontrados, pues por un lado sanciona los videos infantiles y por otra minimiza la exposición pública de videos sin consentimiento ex profeso de la contraparte, porque carecen de delito, es decir, de exhibir a una mujer y desde luego, aún persiste la discusión del para qué señoras o jovencitas se dejan filmar por alguien que no conocen a fondo, y ciertamente por lo general sucede al calor de efectos de estimulantes, sean drogas o alcohol, pero que en la moralina nos encanta tasajear en nombre de Dios dado o el Diablo ido, siempre en contra o culpando a la mujer, a la que sin importar el daño moral, describen como si la conocieran, “por descuidada”, “por confiada”, “por ofrecida”.
Son los excesos de la libertad de expresión en las redes sociales.
Pues eso ya está legislado en Chiapas, con sanciones de hasta por seis años de cárcel a quien publique, comparta, solicite y/o distribuya contenido íntimo sin consentimiento o / y sin autorización, al reformarse el artículo 343 del código penal.
Ahora eso ya queda en manos de los juzgadores, a los que seguramente le lloverán reclamos en este 8M.
