No existe un registro adecuado de las personas fallecidas no identificadas, ni una base de perfiles genéticos homologada, señala
Aunque algunos estados cuentan con Centros de Resguardo Temporal de cadáveres, la mayor parte del país carece de centros de identificación humana y panteones forenses, lo que se traduce en la crisis de identificación forense que atraviesa México, en la que no hay un registro adecuado de las personas fallecidas no identificadas, advirtió el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Lamentó que tampoco existe una base de perfiles genéticos homologada, por lo que las familias deben dejar muestras de ADN en los estados donde creen que podría encontrarse su familiar desaparecido. Y los equipos de los servicios periciales no cuentan con peritos certificados y, en muchos casos, no se realizan confrontas genéticas de forma oportuna y efectiva.
Lo anterior ocasiona que los familiares busquen por años a personas desaparecidas que en realidad fallecieron o fueron asesinadas y sus cuerpos están bajo resguardo de las fiscalías, que en ocasiones desconocen en qué fosa común fue inhumado el cuerpo, lo que profundiza el drama de las desapariciones y agota las posibilidades de identificación de las víctimas.
A la fecha no se cuenta con un total proporcionado por las instituciones sobre el número de restos humanos que se deben identificar. Las cifras que públicamente se manejan son las que han proporcionado las familias de 52 mil personas fallecidas sin identificar. Por tanto, indicó el organismo, es incierta la cifra de restos sin identificar en el país.
Agregó que las iniciativas para generar capacidad de identificación de restos humanos propuestas por el gobierno federal, que fueron el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana, fracasaron y en la actualidad no existe capacidad para atender la enorme tarea de la identificación.
“De los centros regionales de identificación humana sólo se cuenta con el de Coahuila. Otro aspecto del problema es que no hay una base de datos o un conjunto de bases de datos compatibles que permitan realizar la confronta entre restos humanos sin identificar y personas desaparecidas en el que participen todas las instituciones involucradas”, afirmó el instituto.
En el balance Las desapariciones en México siguen sin ser una prioridad, la organización recordó que los artículos 128 y 129 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias y que las autoridades de los estados correspondientes deben recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, que integra el Banco Nacional de Datos Forenses.
Informó que se han aprobado 76 leyes estatales relacionadas con la desaparición de personas y se han creado 124 instituciones estatales responsables de la atención a las personas desaparecidas y sus familias.
Según lo establecido en la regulación nacional, esto considera a las comisiones estatales de búsqueda, las fiscalías especializadas en desaparición, las comisiones de atención a víctimas, los consejos ciudadanos, los Centros de Identificación Humana y los panteones forenses.
“Lamentablemente, los avances en el aparato jurídico e institucional de cada estado no se han traducido en una disminución de casos de personas desaparecidas ni un aumento en la identificación o localización de las mismas”, puntualiza el informe del IMDHD.
Aunque todos los estados cuentan con una comisión local de búsqueda, muchos no tienen personal capacitado para las tareas. Por otro lado, las familias denuncian la falta de coordinación entre las fiscalías especializadas y las comisiones de búsqueda.
El instituto ha identificado que en algunos estados, principalmente del sureste, las comisiones están compuestas por apenas una o dos personas. Por ejemplo, la comisión de Campeche durante 2023 tenía cuatro servidores públicos en total.
En Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán no existe una fiscalía especializada en desaparición de personas, y en los estados donde sí existen se enfrentan a desafíos relacionados con falta de personal capacitado y recursos suficientes.
“En particular, la capacitación especializada en perspectiva de género, derechos humanos y el manejo adecuado de víctimas sigue siendo una necesidad urgente para asegurar que las fiscalías cumplan su función de manera efectiva. Además, el tema de los presupuestos dedicados a estas áreas sigue siendo una barrera significativa para garantizar que las fiscalías puedan operar al máximo de su capacidad”, explicó.
En cuanto a leyes estatales en materia de desaparición, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Tamaulipas aún no las tienen, por lo que no se alinean con los principios de la ley general y no aplican mecanismos específicos para la búsqueda y atención de víctimas a nivel estatal./ (EL UNIVERSAL)
