René Delios
Empiezan los rumores sobre la reforma eléctrica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le botó a AMLO, y que justificaron con que buscaba regresarle la hegemonía del mercado al Estado mexicano, de la producción de ese suministro y que es todo lo contrario a las normas del T-MEC, -de apertura y libre comercio- vigente desde 2014 en que fue parte de las once “reformas estructurales” de Peña Nieto, que buscaron -según esto- modernizar jurídicamente a México, para hacerlo más competitivo en el mundo, pero la esencia fue atraer dinero aun a riesgo de un daño patrimonial, que es lo que sucede ahora con la CFE, y es lo que se tiene que remediar respetando acuerdos internacionales -como ese T-MEC-, aunque para modernizar su estructura se va a necesitar dinero, bastante dinero –como en el caso de Pemex-, pues desde hace cuatro décadas nada más no se le mete mano a las presas hidroeléctricas -por ejemplo-, ni siquiera en desazolve.
Y es que sin dinero poco se avanza y las paraestatales no merecieron inversión en cinco sexenios, de ahí que sean pura chatarra: los neoliberales usaron los energéticos -petróleo, gas, electricidad- como gancho para atraer inversionistas, los que llegaron tras la ganga ofertada, y aun con eso hicieron abuso en los contratos, en el suministro, aparte de que la realidad es que esas reformas no aterrizaron en el beneficio prometido de la población, y contrariamente dejó la situación -y eso que México es productor-, al manipuleo de los costos de oferta y demanda que usaron a modo los inversionistas, pero eso no se dice, como tampoco que el incremento a combustibles responde a precios internacionales, no a la rectoría del gobierno.
Entiendo que a los diputados y senadores les correspondía trabajar para garantizar que la energética contará con el soporte presupuestal adecuado para ponerla en marcha, pero resulta que el presupuesto no fue boyante y terminó el sexenio peñista y nada, no se vio la mejoría económica con la apertura y fue hasta 2020 –y con la pandemia al lado- que se pudo atender los requerimientos de las presas hidroeléctricas -que son energías limpias-, aunque de hecho no fueron readecuadas en el sexenio pasado, menos modernizadas para incrementar su rendimiento al cien.
Igual en esta administración; la otra realidad es la petrolera.
Muchas cosas sobre hidrocarburos quedaron claras en 2019 cuando bajaron los precios internacionales del petróleo por la sobre explotación de Emiratos Arabes y Rusia, lo que no impactó en la economía nacional -ya en los albores de la pandemia-, como tampoco se pidieron los cinco mil millones de dólares que aconsejó un grupo empresarial, aparte de condonar impuestos, apoyar la política salarial –es decir, no incrementar el salario-, al momento de que advirtieron –los empresarios leoninos- que se dispararían los precios de los combustibles, y no pasó nada de eso, contrario a otras naciones.
Ni con la pandemia encima se dispararon los precios de las gasolinas ni de los fletes.
Pero mientras allá arriba celebran y cuestionan las políticas del gobierno de la 4T, en la percepción popular es claro el descontento porque siguen los incrementos a los productos al consumidor que, paga todos esos soportes del costo de la vida.
Es que una cosa es que el gobierno subsidie vía Bienestar a la pobreza, y otra que ese dinero les resuelva la vida a los pobres.
¿O qué es dejar de ser pobres para el gobierno u analistas de ese flagelo social?
Dicen que es gobierno popular pero la verdad es que esta 4T se ocupa y bien, en la cuestión de la macroeconomía, estabilizó a la petrolera, equilibró a la empresa eléctrica ¿Va por la modernización?
Igual y sí, y eso genera inquietud pues, los inversionistas no quieren que se abaraten costos, que el estado incremente su producción, que baje el costo del consumo –en especial de combustibles-, que ha sido un planteamiento de sexenios.
¿Vendrá en camino una nueva reforma energética?
Irremediablemente.
