Tomaron posesión una serie de funcionarios públicos federales empezando por la presidenta de México y miembros de su gabinete, además de alcaldes y legisladores locales en al menos 27 estados del país.
La cámara de la unión se integró para dar sucesión presidencial que acontece cada seis años, y que en ésta ocasión repite con Morena en la presidencial y en la mayoría de ambas cámaras de la federación, lo que le da el llamado “carro completo”, sin la necesidad del apoyo colateral de la oposición para ninguna negociación legislativa.
Y eso se acaba de ver no solo en la reforma judicial, sino también en el cómo fue aprobada de rápido la de transferir la Guardia Nacional a la Sedena, y la de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que detuvieron en la legislatura pasada, y quedan dos aún pendientes y que no dio tiempo “regalarle” al mandatario saliente -pues entregó ayer-, como despedida de parte de su bancada y aliados: energía eléctrica y reforma electoral, o el llamado Plan B, por el que la oposición marchó en agosto de 2023, se movilizó por todo el país bajo el lema “El INE no se toca”.
Y es que eso de la reforma electoral no solo es una cuestión por el INE, sino también por los partidos, que se gastan en éste periodo que concluye 22 mil 322 millones, 879 mil, 716 pesos para actividades propias de la elección, y aparte, para partidos políticos la cifra de financiamiento público fue de 10 mil 444 millones 157 mil 311 pesos.
32 mil 767 millones, 37 mil, 27 pesos para elegir presidente, 500 diputados a la federación y 128 senadores a la federación. Porque para los nueve gobernadores, mil 98 curules locales y mil 808 ayuntamientos, incluyendo las alcaldías de la CDMX, que también se renovaron éste año, fue presupuesto aparte.
¿Tan caro debe salir el voto?
Es por eso que las versiones de una próxima reforma electoral –que no urge- son constantes.
