René Delios
Vamos a amarrar navajas, por aquello de los que se desgarran las vestiduras con la cantaleta de que, desde el legislativo federal, Morena y aliados pretenden hacer del país una dictadura.
No pasó en setenta años ni con el PRI, y eso que pudo suceder, pero la no reelección imperó como criterio mayor –y así va a seguir-, y cada seis años el presidente priista se retiraba luego de ejercer su mayor poder: elegir a su sucesor, y eso nunca tuvo mejor definición que la de Mario Vargas Llosa: se implementaba “la dictadura perfecta”.
Y como sabemos, desde 1988 en que “se cayó el sistema” hubo de revertirse eso, pues ya era mucho el cuestionamiento internacional a la legitimidad de la democracia mexicana, hasta que inició la transición, luego de casi un siglo, precisamente al abrir el tercer milenio, cuando Fox ganó la presidencia de México abanderado por su partido, el PAN.
Ahí se entendió que valió la pena ciudadanizar el proceso electoral, luego de que en 1990 se fundara el IFE -independiente del gobierno federal-, integrado por ciudadanos probos, desde sus concejeros nacionales hasta los funcionarios insaculados para las casillas, y ese proceso se fue tanto perfeccionado como encareciendo, al modo mexicano de gastar y disponer a lo grande de los presupuestos, hasta que la elección mexicana salió ya para 2012, más cara que la de Estados Unidos.
Pero el punto no solo era lo operativo, sino lo evolutivo, pues en busca de promover la pluralidad, y ante la urgencia de darle credibilidad a las elecciones mexicanas, se dio una apertura total a las corrientes ideológicas y eso fue aprovechado por vivales de la política, y grupos de todo tipo impulsando a personajes con intereses extra legislativos bajo el brazo, aprovecharon que pusieron al mínimo los requisitos para registrar a un partido político, de la tendencia que fuera, en la idea superior de que en la pluralidad, la voz de los menos se escucha igual que la de los más, y el ejemplo era México.
¿Tienen idea de cuánto ha costado eso?
Digo, porque tan solo de 2000 a la fecha han aparecido y perdido el registro los partidos de la Revolución Democrática: 2024; Fuerza por México: 2021; Redes Sociales Progresistas: 2021; Partido Encuentro Solidario: 2021; Encuentro Social: 2018; Nueva Alianza (Panal): 2018; Partido Socialdemócrata: 2009; Fuerza Ciudadana: 2003; Partido Liberal Mexicano: 2003; México Posible: 2003; Partido Alianza Social: 2003; Partido de la Sociedad Nacionalista: 2003; Democracia Social: 2000; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: 2000, y Partido de Centro Democrático, también en 2000.
En total quince partidos que, independientemente de cuánto costaron al erario ¿Qué aportaron a la democracia?
En México, perder el registro de partido político significa seguir recibiendo dinero público hasta que concluya el año de la elección en la que no se alcanzó el mínimo de votos –tres por ciento de la votación, no del listado nominal, o sea, todo cómodo para lucrar- y en algunos casos, litigar con autoridades y acreedores, lo que significa años de juicios laborales, mercantiles y penales.
Se conoció que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral recibió el más reciente informe del estado que guardan los procedimientos en curso de la extinción de partidos como el Humanista, que perdió su registro hace nueve años y todavía no se concluyen los litigios que permitirían cerrar ese capítulo y devolver al erario, al menos una parte del patrimonio generado con financiamiento público. Y así, están también en proceso el Partido Encuentro Social, declarado extinto en 2018; Encuentro Solidario, en 2021; lo mismo que Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México: cientos de millones de pesos que no se le han devuelto al INE en este caso, y fueron parte de los que temen que algún momento les caiga la ley, porque no solo no devuelven el varo, sino que fueron ¡Todos! un fraude para México, pues no le aportaron nada a la democracia, pero sí se robaron el dinero.
Así que esa facilidad con que en México puede haber partidos, permite que se den cosas como el caso del PES -fundado por Hugo Eric Flores Cervantes, que en su origen apoyó al PAN y años después a la izquierda-, que ya extinto enfrenta siete juicios, de los cuales cinco son laborales y dos mercantiles, y así un buen de partidos que perdieron el registro y por ello no se les puede “mover nada” hasta que concluyan los procesos, algunos de hace más de una década.
Hay que acabar con el derroche a nombre de la democracia pues, a su nombre se usufructúa y eso la contamina de origen, por lo que es importante “sacarla” de los procesos electorales, transparentando el asunto de la prerrogativas que tiene muchas lagunas legales pues, ni dudar que se inventan demandas para trabar la obligación de rendir cuentas ante el órgano electoral, y en los juzgados –¡Otra vez los jueces, tan honestos que son!- se traba o demora el procedimiento y así pasan los años.
De ahí la importancia de que, una vez superado lo del poder judicial, se siga directo con las restantes 19 iniciativas de reformas a la Constitución presentadas por el presidente López Obrador, en el entendido que habrá carga en términos de reforzar el papel del Estado en la economía, en especial la energética, minería, electricidad, petróleo, gas y agua.
Se debe enfrentar con razón, para enderezar el cómo permitieron tratados con otros países, y le otorgaron a empresas trasnacionales vía concesiones leoninas, la autorización para avasallarnos –vía legal, apoyados ¡Otra vez! por el poder judicial- limitando nuestra soberanía.
Eso pasó con la reforma eléctrica so pretexto de que el estado, quería monopolizar lo que le pertenece a la nación, y así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó un amparo de empresas extranjeras -como Iberdrola-, con efectos generales, e invalidó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya estando publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021 –o sea ya aprobada por el congreso federal- según porque daba una ventaja competitiva a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas.
Así que ahora ese judicial se le va con todo contra ese poder judicial apátrida, y luego lo que siga, incluyendo –urge- terminar con el usufructo electoral, desde los partidos políticos.
