Hay una cosa cierta pues la vivimos por sexenios: antes para cambiar artículos o reformar leyes, no se informaba hasta que ya estaba la moción en discusión en la cámara federal correspondiente, y pasaba sin problemas al pleno del congreso de la unión.
Ni negar ante lo evidente que durante todo el sexenio toda iniciativa de reforma o cambios a la legislatura secundaria, ha merecido una acérrima oposición y en su caso, civiles o partidos presentaron amparos ante la suprema corte de justicia que les dio entrada justificada, y en su caso, las falló a favor y con ello, prácticamente detuvo o de plano anuló la nueva ley o artículo de que se trate, como pasó con la ley eléctrica, o reformas al INE.
Fue lastimoso ver el cómo, solo por llevar la contra por la contra, esa oposición se opuso a que el gobierno federal creara un fondo compensatorio para financiar mejores pensiones de los trabajadores, argumentando que eso es dinero privado, no público y es inembargable, y hasta filtraron la sospecha de que es recurso era para usarlo con fines electoreros.
Ese fondo cuenta con 40 mil millones de pesos que tienen las administradoras de las Afores, ciertamente, pero son de cuentas no reclamadas, y en su caso se devolverán al IMSS, pues así lo marca la ley.
Como ese tema al parecer sin importancia que dejaba en el limbo 40 mil millones de pesos en manos de la banca privada, hay otros tantos temas de fideicomisos abusivos que deben desaparecer, como los trece que le eliminaron al poder judicial.
Solo que en esta iniciativa de reforma, como en las otras veces, el gobierno federal la envió a todas las siglas, bancadas, sectores, para su análisis y propuestas: desde el inicio se opusieron por no perder la opulencia, el dominio de ese poder judicial bastante cuestionado.
No aceptaron razones, se llevaron los rozones.
