* Ernestina Godoy Ramos
La reforma judicial que hemos iniciado en nuestro país no es solo un cambio en las estructuras del poder, sino una respuesta a las demandas históricas de los ciudadanos que reclaman por un sistema judicial más justo, más transparente y más accesible.
Este es un momento histórico. No estamos haciendo una simple modificación legal; estamos forjando un nuevo pacto social que tiene en su centro el respeto a los derechos humanos y el empeño por una justicia más eficaz y expedita.
Ahora más que nunca, es imperativo reconocer que es un acto de justicia social y a medida que avanzamos hacia ella, reafirmamos nuestra convicción de que un sistema judicial no puede construirse y menos operar, sobre cimientos de corrupción, complicidad y arreglos cupulares.
Estamos conscientes de que una reforma a profundidad del Sistema de Justicia, requiere también de la revisión de las fiscalías, policías y del sistema penitenciario; sin embargo, empezar por el Poder Judicial es vital pues en esencia debe velar por el cumplimiento de la Ley en estricto apego a la Constitución y la naturaleza de sus decisiones involucra tanto a las personas como a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Desde el inicio de la presente administración y en eventos insólitos, se ha hecho evidente que las resoluciones del Poder Judicial han tenido marcados intereses políticos y económicos que han puesto en clara desventaja a los otros dos Poderes independientes y sobre todo, a la vasta mayoría del pueblo de México.
Por tanto, la iniciativa que se nos ha turnado para su dictaminación, es resultado de un largo caminar de organizaciones, de análisis de juristas comprometidos socialmente, de la tenacidad de un pueblo que conoce sus derechos y de su profundo anhelo de justicia; desde hace tiempo se empezó a hablar de ella en la opinión pública, en el propio Poder Judicial, entre comentaristas, en la academia y en las barras de abogados, pues todas y todos hemos sido testigos de cómo el Poder Judicial, en lugar de ser un pilar de justicia y equidad, se ha transformado en un mero instrumento al servicio de los intereses de las oligarquías local y transnacional, al tiempo que medio imparte justicia a amplios sectores de la sociedad.
Durante el proceso de reforma al Poder Judicial, participaron todas y todos los integrantes del Pleno de la SCJN y tuvieron voz también sus trabajadores y diversos integrantes de jueces y magistrados; diputados, senadores, especialistas, barras de abogadas y abogados, así como ciudadanos y ciudadanas vertieron libremente también sus opiniones y en todo momento se garantizó la libertad de expresión. Resultado de la amplia convocatoria se atendieron más de 100 modificaciones y precisiones a la iniciativa que no fue acordada, como antes se hacía, furtivamente entre las élites políticas o sus representantes legislativos.
Esta reforma judicial, legítimamente pretende lograr un Sistema de Justicia que cumpla con su función, lo haga de manera ética y responsable, con verdadera autonomía y que rinda cuentas claras, a fin de atender las demandas de justicia que el pueblo reclama. Es una aspiración potente, lícita, otorgada por el voto mayoritario y apoyada en el anhelo común por un país mejor./ EL UNIVERSAL
* SENADORA DE LA REPÚBLICA
