Tubo de ensayo

26/agosto/2024

 

René Delios

 

Desde luego que todos debemos exigir nuestros derechos ante la autoridad y más cuando es esta la que queda mal; ya lo dijo el presidente: es al Estado al que le corresponde la seguridad, y en el fuero común, obvio a los gobiernos estatales.

 

Aterrizando en eso, la entidad ha estado envuelta en una serie de situaciones desde años ha, que advertían su complejidad, y que ahora la han colocado constantemente en el escenario del comentario nacional, y desde luego, es una situación que mella popularidad y prestigio a los gobiernos.

 

Pero en medio de eso, se ha ido distorsionando los cómos de las exigencias sociales: la inconformidad ya no calcula el daño de sus “métodos” de lucha, al grado de que casos priva de derechos a terceros o atenta en contra de éstos, justificando ello por buscar así, presionando, los propios.

 

Eso sucede con las personas que, piden que la autoridad se retire de la zona de influencia delictiva, lo que es contrario a la petición en otras entidades en las que, la solicitan.

 

Esa arbitrariedad no les priva de que su demanda subsista, pues el hambre, desempleo, desplazamiento social en este caso por violencia, son razones sociales suficientes para protestar, pero son situaciones que aprovechan los dirigentes para llevarlos hasta lo radical, en la idea de “doblar” al gobierno, y en medio de eso, atentar en contra de los derechos de los civiles como medida de presión.

 

¿La sierra chiapaneca esta bajo tención? ¿Hay una narco guerra en Chiapas?

 

Sin tratar de hacer simulación, la realidad es que no: no es toda la entidad bajo esa tensión de enfrentamientos, pero llama poderosamente la atención que, en meses, desapariciones y ejecuciones se incrementaron, en una entidad en la que no sucedía eso, y desde luego, dispara los reclamos de la sociedad que se pregunta ¿Qué esta pasando?

 

Pero regresando a la inconformidad existente pero ya minimizada por esa presencia criminal: los grupos inconformes –y aún tengan razón- el gobierno no puede darles satisfactores porque no ha creado las condiciones estructurales para que esa población vulnerable –que suma millones por todo el país- pueda acceder a condiciones de bienestar económico que les permita una vida digna. Y como no tiene con qué, lo que se ha hecho es administrar los problemas con esos programas de bienestar que, la verdad, no son la solución.

 

Y ante esa falta de respuesta de años, pues a lo radical ahora: lo menos parece ser bloquear las carreteras e impedir el libre tránsito salvo pago de paso, sin que esa ley que sanciona los bloqueos sea aplicada, igual a falta de la denuncia oficial ante la fiscalía general del estado de que se trate, por parte de las áreas responsables del buen tráfico vehicular, en las vías estatales y federales, pues en ambos casos hay sanción penal por afectar las vías generales de comunicación, aparte de la que pudieran instaurar los civiles afectados, pues ya es conocido que si no se paga el paso, se agrede al auto e incluso a las personas.

 

El problema también es que a estos “bloqueadores” no les importan las urgencias, y pues han sido innumerables las ambulancias varadas –no solo en Chiapas- porque los inconformes no las dejan pasar, y esto ha sucedido tanto en bloqueos indígenas como magisteriales –curiosamente no con los normalistas-, y aquí sí que se trata de un sentido común.

 

Son intermitentes; disfrazan el motivo del bloqueo, por la demanda que sea, y dilatan unas horas para luego liberar el paso antes de que lleguen a desalojarlos, a sabiendas de que no van a perseguirlos, y como nadie los sanciona, pues seguramente seguirán practicando ese “método” de lucha perjudicando incluso al turismo, que no es poco decir.

 

Tenemos el ejemplo itinerante, en que de pronto un tramo cualquiera es bloqueado, casi siempre a San Cristóbal y la Costa, e inician el cobro arbitrario del paso. Pero si los desalojan de inmediato se levantan las voces cuestionando “la represión”.

 

Ya es norma bloquear la carretera, cobran el paso y juntado un buen varo, se retiran con tiempo antes que les llegue el desalojo, y así el modus operandi.

 

Eso se llama impunidad, no tolerancia.