René Delios
Otrora, por estas fechas, los flamantes diputados federales por Chiapas daban su informe de labores a sus representados, a los que invitaban no porque les interesara o interese que la gente los escuche, pero sí la cúpula de su partido o la del gobierno estatal –incluyendo el electo-, para que observen su poder de convocatoria, solo que ahora eso no se registra, pues incluso ya hay diputados federales y locales electos que quieren robar cámara, aparte de que éstas elecciones pasadas volvieron a dejar en claro –como en 2021- a muchos que se la creyeron, que los baños de pueblo no garantizan votos como los like no aseguran sufragios, y por lo tanto, tampoco promueven la presencia política.
Esa se gana; la gente es la que la proyecta, y entre eso, escoge lo menos malo, porque no podemos decir que lo que se candidateo en la pasada elección federal y estatal, fue de lo mejor.
Hubo mucho chapulín, o sea, cinismo, clara falta de convicción y si rebosante oportunismo, vía morenismo, pues ni dudar que ex priistas, perredistas y panistas fueron apoyados desde adentro del partido en el poder estatal.
Así que ya renovados -algunos reelectos- los 500 diputados de la Cámara federal de Diputados, entre éstos hay de todo: médicos, periodistas, abogados, profesores, actores, ex conductores de TV, cantantes, y sólo la mitad de ellos tiene -¿Otra vez?- cédula profesional, según trasciende.
La cuestión es que como en 2021, parece crecer la idea de que al menos la mitad de los diputados electos, parecen conocer su distrito –pues los más, lo conocieron hasta ahora, en campaña-; aunque sí conocen lo más relevante del estado de dónde provienen y desde luego, los temas a tratar en un momento dado en esa máxima tribuna de la nación, por lo que mínimo deben de contar con un conocimiento que garantice su calidad participativa o de exposición en esa máxima tribuna de la nación, aunque la Constitución no exige requisito de escolaridad para ocupar una curul, por lo que por ese lado la preparación académica resulta irrelevante para las labores legislativas.
O sea que no importa que tenga licenciatura, maestría o doctorado. Pero la verdad es que sí; debería ser requisito, al menos para ocupar comisiones.
Es sencillo: ¿Qué hace un médico en la comisión de energía de la saliente legislatura? por ejemplo, cuando debería integrar la correspondiente a su perfil, como advierten desde el poder judicial puede pasar si se elige a los togados: cualquiera sin el nivel de preparación, puede ocupar el cargo, como pasa en la legislatura federal y en los estados.
Se ha observado de siempre en los legislativos: el que tiene esa cédula profesional ni es llamado a la comisión de marras por colocar ahí a un cercano del líder cameral de su partido: seguramente pasará lo mismo en la próxima LXVI Legislatura a instalarse este primero de septiembre –mes patrio-, pues esas comisiones quedan integradas más por negociación que por capacidades.
Y eso que hablamos de legisladores con preparación, título, cédula profesional, lo que en un momento es lo de menos y lo que destaca es la carrera política, por sobre lo profesional.
Pero en el poder judicial no.
Ese es otro argot, otra fauna, dijeran los chavos: ahí sí que, a más preparación, más posibilidad: si es autor de cuestiones de jurisprudencia, ha llevado casos complicados, ha escrito libros específicos sobre embargo, divorcio, comercio; ha dado cátedra universitaria, es decano, eso cuenta, y mucho, para ser ministro, magistrado, juez, fiscal.
Y es cierto: también los que están en el poder judicial del nivel y área de que se trate, han llegado por recomendación aun su espléndido currículum, ni negarlo –así es éste país-, como se han quedado sin llegar gente más capaz pero no ungida, como para que se desgarren las vestiduras por la propuesta de AMLO -que no es abogado-, pero en lo que sí tiene razón es que el poder judicial está contaminado, y que es demasiado el tiempo en que esos compas duran en el cargo y eso envicia, y vemos casos de choques francos como ahora Norma Piña y AMLO o en Nuevo León entre el gobernador y el fiscal -que es independiente y también de oposición-, y se mantenga una confrontación que no lleva a ningún lado.
Porque ni negar que aparte de que sí hay que solucionar la corrupción en el judicial, ni negar que la sacudida se debe al cómo se comportó ese poder con las iniciativas de AMLO: lo desafió.
¿Qué es eso?
Regresando: hay los que presiden las comisiones legislativas y que son los que hacen política, los de batalla de los partidos, ahí en San Lázaro, sin título, sin cédula, pero con poder.
La actual LXV Legislatura que fenece, tuvo 276 profesionistas titulados entre los 500 diputados; hay otra cosa relevante en la actual cámara de diputados: es la Legislatura con más presencia de mujeres y eso igual se vuelve a repetir en la LXVI, dependiendo de cómo queden las plurinominales a definir; en la actual, por los principios de mayoría relativa como de representación proporcional, 121 de ellas tienen cédula profesional.
Pero eso no importa a la hora de elegir a los integrantes de comisiones, menos al presidente de éstas.
Así que ya la sabe: no se exige ningún requisito de escolaridad para ser diputado federal por elección, y el artículo 55 constitucional únicamente precisa que es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener 21 años cumplidos el día de la elección; ser originario o vecino del estado que aspire representar; no estar en servicio activo en el Ejército o la policía; no ser alto funcionario en cualquiera de los tres Poderes de la Unión u órganos autónomos; ni ser ministro de algún culto religioso.
La otra es que el poder legislativo debe ser un verdadero contra peso no para oponerse u obstruir –como lo hizo la oposición en la presente-, sino para evitar abusos y megalomanías –lo favorito de AMLO-, o imponer conceptualización ideológica para con la administración pública como se dio desde el judicial.
Los legisladores son ese contrapeso que debió advertir que no se podía dar una apertura energética que dejaba a México indefenso ante la inversión extranjera, como sucedió con las reformas “estructurales” de Peña, o que ahora la 4T decida enfrentarse a una realidad mundial de apertura comercial, y es por eso que hay que equilibrar el poder o los poderes, y eso solo lo puede hacer el voto, que es plural.
Y es bajo esa premisa la propuesta para reformar el judicial.
No soy especialista, pero insisto en que, aun sea electo, eso no garantiza que un ministro, magistrado o juez, sea honesto.
¿Lo son los legisladores por el solo hecho de haber sido electos?
Pero bueno, a esto le falta mucho desencuentro, sobre todo porque será discurso de los nuevos legisladores en tribuna, a la que no subirá cualquiera a hablar de éste tema complicadísimo, aun en éste México surrealista abunden los todólogos.
