René Delios
Y es que hay que tener coherencia.
Mientras ministros, magistrados y jueces de la SCJN y sus distrito desgarran las vestiduras por respeto de poderes, ellos detienen los casos de adeudos de magnates al fisco federal -¿Eso es legal?-, liberan a criminales u otorgan cárcel domiciliaria a delincuentes –para que estén más cómodos-, despojan a campesinos o favorecen a empresarios por sobre trabajadores –ahí está el caso tremendo de las minas-, anulan iniciativas que ahora se les revierten, como el Plan B de Andrés Manuel, que reducía plurinominales y los presupuestos a partidos -¡El INE no se toca! Gritó la Marea Rosa en 2023 ¿Se acuerdan?-, que ahora, luego de que el resultado electoral benefician a Morena, con un presupuesto bárbaro para 2025 y la mayoría calificada en el congreso federal, la oposición y aliados piden, a través de la Coparmex (¿?), se de una interpretación distinta al artículo 54 de la constitución sobre el reparto de las plurinominales, pues se puede caer en la sobrerrepresentación, y sí, así va a pasar, pero fue la coalición opositora la que se amparó ante la Suprema Corte de la Nación (22 de junio de 2023, un año antes de la elección) y ésta avaló la moción del PAN, PRI y PRD, y tiró ese llamado Plan B en sus dos partes, cuando ese máximo tribunal invalidó la segunda y última parte de la polémica reforma electoral de AMLO “con la que el Gobierno pretendía limitar los recursos y facultades del Instituto Nacional Electoral”.
¿Y luego? Si así lo pidieron.
Desde luego que todos debemos exigir nuestros derechos ante la autoridad, y más cuando es esta la que está quedando mal. Pero en éste caso no es así, y la otra es que ni la gente cree en la honestidad de los juzgadores y ni le interesa elegirlos vía voto popular.
Son y serán tan decepcionantes como los legisladores federales -¿Impolutos o subordinados?-, a los que la banda también define como levanta dedos, y es desde años ha, y cuyo prestigio no es rescatable aún.
¿Lo será el de los juzgadores luego del cómo los define el santón de Morena?
Para el ejecutivo el judicial es corrupto, y para millones sí lo dice el presidente –¿Lo repetirá Claudia?-, es cierto: los jueces son corruptos.
Y es que dado tantos ejemplos y quejas en contra de los fallos judiciales, demoras, despojos, ni ahora y ni después, muy aparte de la transparencias del proceso de selección de juzgadores a través de los partidos; del renombrado prestigio de algunos, es difícil quitarle la idea al pueblo de que a los jueces le llegan al precio.
Sean los ricos, los políticos o los criminales.
Es cierto de que al poder judicial hay que reformarlo: es corrupto en muchos casos, ha sido imparcial con las mociones de AMLO, y pues se llevan la sorpresa de la mayoría calificada en el legislativo, completamente subordinada a López, como lo será de Claudia, y ni para dónde, por lo que han recurrir a absurdos como la huelga general que aplican en los juzgados; exigir que no se aplicará en 2024 lo que se aplicó en 2021, y que no dejaron modificar, o que los empresarios digan que se va a colapsar la economía nacional, la inversión extranjera, si el marco jurídico no es confiable cuando, no se cambia eso, solo la selección de juzgadores –ministros, magistrados, jueces-, y se eliminan todas las mercedes y privilegios para la cúpula dorada de la suprema corte y súbditos, incluyendo a los empresarios, eternos beneficiados de sus fallos abusivos y leoninos.
El poder judicial se debe reformar: ante AMLO no es un equilibrio de poderes: es un adversario.
La tendencia de derecha fue clara y lo sigue siendo, pero la gente le da la razón lo apoya, lo escucha, y la verdad es que toda la parafernalia que están haciendo de respeto a la separación de poderes, no encuentra eco popular, y en vez de atacar al presidente, esos trabajadores del poder judicial en paro, deberían preguntarse por qué será.
Es sencillo: no tienen credibilidad.
