René Delios
En su mayoría trabajadores de confianza del poder judicial federal entran en huelga general, so pretexto de que la reforma de referencia enviada por el presidente, atenta contra los derechos de los trabajadores, y eso no es cierto, aunque sí priva de mercedes y privilegios a la burocracia dorada –al anular 13 fideicomisos multimillonarios- que aún queda en ese poder, en el que ministros y magistrados ganan incluso más que el presidente de la república.
Pero toda la discusión política se centra en que, el poder ejecutivo, quiere subordinar al judicial y ahora lo trata como sí fuera su enemigo, y no un contra peso a la máxima magistratura de la nación –pues el congreso no lo es-, que es la idea de la oposición que se opone al mandato del voto popular –que es lo que esta en polémica- que determinó que Morena y aliados dominen el legislativo federal, y como en éste país es costumbre de tiempo ha –no de ahora- que los diputados del partido del presidente se subordinen a éste, creen necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se mantenga como contrapeso ahora ante Sheinbaum.
Y de hecho lo ha sido.
Para empezar cuando eso empezó a suceder, el mandatario emitió una reforma a la ley de amparo, la que buscaba frenar y atar de manos a los jueces para que no puedan declarar sus iniciativas inconstitucionales, luego de impugnaciones a través de juicios de amparo por parte de la oposición, como ha sucedido en el pasado, por ejemplo, con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la de Reforma político-electoral, luego el Plan B de esa misma reforma electoral, el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, cosas necesarias y ahora se les revierte, pues al bloquear la reforma electoral, dejaron vigente el reparto de plurinominales de 2021, y ahora es a favor de Morena y Aliados.
Referencias especializadas insisten en que, a diferencia de los otros dos poderes “el Poder Judicial no se constituye mediante mecanismos de democracia directa; es decir, por voto popular. Esto proviene de la especial naturaleza de sus funciones”.
O sea que, esos cargos son para profesionistas del derecho, con experiencia, pero sobre todo, deben imparciales –lo que tampoco sucede ahora-, y al ser electos, no solo quedan en lealtad a su partido, sino también a las políticas del presidente, como sucede hoy –ni negarlo- en el legislativo federal o en los estados del país.
Pero otra cosa es discutir eso, y otra que usen a los trabajadores de ese poder para generar caos administrativo, desahogo de expedientes, reclamos de miles de casos que, se demoran a la mala o inclinan a la buena en favor de quien no lo merece, y para co9lmo los trabajadores de confianza por miedo a perder el empleo, jalan en este movimiento en el que los menos, son los sindicalizados.
Sí, están manipulando a la gente como lo hacen con la ley: el poder judicial, o la administración de la justicia, es corrupta.
¿O alguien mete las manos al fuego?
La otra que mencionan en lo político es que, el crimen organizado tendría mano directa sobre partidos para candidatear a subordinados.
De entrada los hombres y mujeres de la ley pueden ser electos, pero los propuestos deben ser gentes de ese ámbito o profesión, y si tienen doctorados mejor, pero sobre todo de probada ética, responsabilidad, porque lo que hay ahora, se repite, no es transparente.
La fama del poder judicial en la opinión pública no es buena, por mucho que se auto elogien; es como en el caso del legislativo: son paleros del presidente.
¿O alguien me lo va a negar?
Esa es la diferencia entre las cúpulas en pleito y los de acá abajo: los tundimos parejo porque los vemos desde el suelo, y ellos solo ven a la masa desde la cima; Andrés Manuel ha tenido la sensibilidad de agacharse al ras del piso, platicar, entender y darse a entender, y ahí está la respuesta popular a su favor: contundente.
¿O lo van a negar?
Creo que no se trata de llevar la contra por la contra, y esperar el cómo sale del debate en el legislativo esa reforma al poder judicial, pues cada parte entra a discusión y aprobación en su caso, y luego tiene que ser aprobada por 17 de los 32 congresos estatales para entrar en vigor.
Así que falta mucho que agregar -o quitar-, a esa moción de marras, que desde luego sabemos va a entrar en vigencia, mientras tanto, a los trabajadores los tienen en desgate para mostrar una inconformidad que no logra para nada, el apoyo popular.
Ese lo tiene el presidente.
