René Delios
De la misma manera en que en la aldea chiapaneca se dan acciones arbitrarias de presión según esto para defender derechos –por lo general sin respetar los de terceros, como hicieron ayer al bloquear salidas en palacio del gobierno estatal-, igual podría suceder en el poder judicial de la federación, en el alegato estéril de que la reforma a ese poder a discutirse en breve, afecta los derechos laborales de los trabajadores, lo que no es cierto, pero se trata de hacerle segunda a la ministra presidenta Norma Piña, quien asegura –segura- que la propuesta del presidente en torno a elegir a los juzgadores, es equívoca, y para muchos analistas no es imprecisa en su óptica pues, como los legisladores o gobernantes, elegirlos vía voto no garantiza que sean honestos, cabales, íntegros.
Pero desde luego que va lo colateral implícito –y que es el motivo de la inconformidad-, y no es otra cosa que unos 13 fideicomisos a desaparecer, y que tiene a modo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde dónde se paga hasta el personal doméstico de los ministros y magistrados, pasando por toda serie de mercedes y privilegios que la directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Rosa Elena Alonzo, no mencionó cuando fue al Senado a anunciar que ellos, los trabajadores, ultiman detalles para que los 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación lleven a cabo un paro de labores indefinido, en caso de que no sean escuchadas sus propuestas para modificar “por completo” –o sea, rechazar- la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Dónde van a creer?
Pero por la postura de todo o nada de esta gente es que coincido -esta vez- con el coordinador de Morena en la cámara de Reforma, Ricardo Monreal, quién dijo que no descarta que detrás de esos “amagos” de suspensión de labores, esté la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien ha propiciado las protestas de empleados del PJF, a quienes ha engañado con que se lesionarán sus derechos adquiridos, “lo que es absolutamente falso”, dijo el senador.
Pero Piña es de la ultra derecha –igual ella sí recibe a Milei ahora que venga-, desde dónde la intolerancia a lo popular es una norma, cuando de lo popular viene el voto, por lo que se crea pluralidad que es lo ideal para la conformación de las cámaras federales o parlamentarias de cualquier país, para que la voz de los menos sed escuche igual que la de los más. Pero luego del cómo, desde la cámara federal de San Lázaro extendieron todo tipo de impugnaciones a las iniciativas presidenciales –solo por hacerlo: eso no es política, ni representatividad-, la misma gente decidió con su voto darle todo el poder a Morena y aliados, para no solo nulificar a la Suprema Corte aliada de la oposición, sino también, cambiarle sus modos y métodos y beneficios, pues para nadie –ni para los trabajadores mismos-, es un secreto que para corrupta, la administración de la justicia en éste país de injusticias desparramadas.
No importa que, de concretarse ese paro general de jueces y magistrados, los que la deben interpretarla estarían violando la Constitución, al obstaculizar o detener el acceso a la justicia garantizado en la Carta Magna.
Y es que al unísono de los foros de consulta –que dicen y a lo mejor sí- que están manipulados, la oposición despliega toda una campaña para inhibir la reforma de marras, por lo que acompañada por el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, la dirigente Rosa Elena Alonzo se lanzó contra la reforma judicial, sobre todo contra la elección de jueces, magistrados y ministros vía voto popular, que es el punto, pues acusa, presiente, advierte que en el proceso de elección intervendrá el crimen organizado -¿Cómo pasa con el legislativo?- y que 10 mil trabajadores de confianza quedarían en el desempleo.
Es cierto: muy aparte de los filtros para evitar gente del narco -que no funcionan ni para elegir candidatos en los partidos-, de concretarse la elección de los juzgadores por voto popular ¿habría que instruirlos? pues no quien sea puede aspirar a ese cargo: no es una alcaldía, una diputación que no demanda estudios, experiencia, pero en el judicial sí.
La carrera judicial se da a través de la “meritocracia”, y eso no es una referencia, es una práctica; otra cosa es que se haya corrompido, pero eso de la experiencia para interpretar la ley –sin ser leguleyo-, lo entiendo.
Obvio es que Monreal sostuvo que ni se despedirá empleados, y que habrá filtros para evitar que el crimen organizado participe en la elección de los juzgadores.
¿Así como en los partidos?
¿Seguros que no hay narco entre los 20 mil electos a puestos de elección popular en éste 2024?
Es solo pregunta.
