Desde luego que en las instituciones del país se han dado a la tarea de ir reduciendo oficinas innecesarias, direcciones adjuntas -un absurdo- entre otras tantas que solo incrementan los costos operativos.
En las entidades del país hay ese proceso, pues la administración pública debe de operar con lo esencial, sin excesos, y es una meta saludable qué a la vez, elimina trámites y demoras en el desarrollo tanto administrativo como operativo.
¿Pero se ha registrado un plan de austeridad en la política?
Desde luego que no.
Incluso en las cámaras federales, en la oposición hicieron lo necesario impugnando primero, y en la suprema corte de justicia fallando a favor de esa impugnación después, para frenar las enmiendas del ejecutivo en torno a lo que consideraba sobregastos del gobierno, cuando el poder judicial inhabilitó primero la reforma electoral y luego el llamado “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La política sigue siendo muy costosa en México, y lo es más cuando en ésta, incurre el crimen organizado, impulsando candidaturas.
Desde luego que se dan demandas, acusaciones, muchos se sienten víctimas de la lentitud de los procedimientos, y han acusado que la burocracia electoral es la responsable, cuando no ciega, ante las irregularidades o excesos que la gente ve.
Pero esa burocracia está integrada por personas que reciben un salario y que deben responder a su obligación, sin interponer condiciones.
Con eso se quería terminar y no dejaron, y de ahí los excesos, a los que se refirió no hace mucho el propio presidente, criticando incluso a los morenistas en los estados del país.
Otrora, una declaración así viniendo de un presidente, era el fin político de quien fuera.
¿Se volverá a intentar la reforma electoral con Sheinbaum?
Seguramente, incluyendo alguna fiscal, seguramente laboral, ahora que Morena, domina el congreso.
