Las diferencias entre el Ejecutivo y el Judicial tuvieron su punto álgido poco antes de las elecciones federales cuando, un juez del reclusorio norte falló a favor de que Emilio Lozoya Austin, para que éste siga su proceso por el caso Odebrecht, en libertad.
Por mucho menos que las inculpaciones al ex director de Pemex, a un ciudadano común lo tendrían bajo proceso sin ninguna consideración.
El punto es que, al ser el Tribunal Constitucional de México, impartidor de justicia a través de mecanismos que permiten vigilar que las leyes y que los actos de autoridad se apeguen a ese derecho, al fallar según el Ejecutivo, se traiciona a la patria, y es la base para que, AMLO, justifique la necesidad de reformarlo.
Se supone –solo eso-, que previene que, a través de mecanismos de procesos, llamados medios de control constitucional, la Suprema Corte es la guardiana de la Constitución, y mantiene el orden constitucional impuesto a los órganos de gobierno, y hace valer los derechos y libertades de las personas.
¿Sucede?
Cualquiera sabe que no: la fiscalización como la impartición de la justicia, muchas más veces que las calculadas, falla.
Los argumentos y razonamientos utilizados por la Corte para la resolución de conflictos son útiles para otros juzgados y tribunales del país, y a menudo su aplicación es obligatoria, pero hay casos, en especial casos criminales, que sorprende que salgan libres.
De ahí que Lozoya Austin ya esté en su casa desde hace meses, feliz a lo mejor de que no se le mencione pese a que protagonizó uno de los casos de corrupción más escandalosos del pasado sexenio.
