René Delios
El PRI se llamó por años el partido de la revolución mexicana hecha gobierno, pero a la vez, se volvió una institución más del ejecutivo federal, al que nombró por años el primer priista del país. De ahí la bien acuñada definición de PRI-Gobierno con que lo llamó la oposición por décadas.
Lamentablemente, ese modelo se volvió norma y desde la federación hasta las entidades del país, los partidos filiales al gobernante, guardan aún eso que se conoce como institucionalismo a ultranza, y morena no es la excepción.
Así, a lo largo de su historia política, México es sinónimo de corrupción partidista, en que el trabajo político se contaminó de tráfico de influencias, y provocó que la base fuera desplazada; los líderes naturales ya no existen o al menos no llegan a las posiciones de competencia, y los candidatos por lo general son gente por designación -algunos brillantes, otros idiotas-, que no merecían llegar por sobre otros que sí conocen la realidad popular -no solo la intuyen o la leen en las estadísticas-, como es el caso de cientos de legisladores federales incluyendo no pocos por el estado de Chiapas.
Incluso en la presente administración, en una encuesta reciente del Inegi, los datos arrojan que la percepción popular mantiene poca confianza en la Auditoria de la federación, la Fiscalía General, las cámaras de diputados federales y senadores, y en los jueces y magistrados.
Desde luego que ni negar que se han formado instituciones sólidas, sea a costos altísimos en clientelismo y corporativismo, pero ahí están, aún usadas a beneficio de quien gobierna en dónde gobierna, y con fallas sistemáticas que sorprenden y que ameritan corrección, para transparentar su operatividad.
Y así como esa, cómo se justifique, hay pinceladas en el lienzo, como el caso del IMSS y los ventiladores, el cómo han manipulado el varo de “Sembrando Vida”, la salida por torcido del representante del gobierno federal en Jalisco, y se pueden seguir enumerando casos grandes y cortos, que demuestran por enésima vez que la corrupción no se elimina por decreto, y menos cuando, se anuncian desvíos, desfalcos, peculado por miles de millones de pesos, sin nombres.
¿Qué ha pasado con los autores de la ordeña de gasolina que por años en el sexenio pasado drenaron 40 mil millones de pesos al año promedio? ¿Dónde están los que lucraron a lo descarado y por sobre la necesidad de miles, con el Seguro Popular?
Y así, échele número con adquisiciones de todo de 2000 a la fecha, y ni la función pública y ni la auditoría superior dan nombres, y es el presidente el que ahora dice que pronto, se presentarán denuncia en contra de factureras por 40 mil millones de pesos, que incluye nombres de ex funcionarios y obvio empresarios, que prestaron su registro para los fraudes, y es la fecha en que nada más no hay ningún procesado.
Y no los hay porque no tienen cómo probarlo.
Fácil: a usted y a mí nos cancelan la factura electrónica con que no cumplamos a tiempo el pago de impuestos, aparte de que ya pasaron los cinco años de rigor para que hacienda proceda.
¿Cómo es posible que a las empresas que debían miles de millones de pesos al fisco –Electra, pro ejemplo-, no se las detuvieron?
Se supo que se dieron contratos para las obras del sureste mexicano sin licitación, algo anormal –no ilegal-: no hubo consecuencia pues se trató con el ejército, no con funcionarios chuecos, que permitían sobre precios, mala obra y desfase de tiempo, encareciendo la obra.
Y ya en la última, si AMLO hubiera decidido aplicar la llamada cacería de brujas, por todo el país aparecerían honorables personajes como sinónimo de la corrupción que imperó e impera en éste país saqueado.
Ojalá que, eso de las facturaciones apócrifas, no quede en una mera demagogia, porque la manía de evadir así el fisco, sigue.
