René Delios
Muy aparte de que se hayan electo los presidencias municipales sindicaturas y sus regidurías, y estén ya definidos los 24 diputados de mayoría, y 16 diputados plurinominales -esto porque hay municipios en los que no hubo elección, por conflictos locales- por lo que falta definir esos alcaldes y esos votos para integrar los resultados a los distritos correspondientes -sea local o federal en su caso-, está que pese a los malos augurios el voto en Chiapas fue más alto que la media nacional, superando el sesenta por ciento aún la orografía del estado, entre factores de conflictos sociales, presencia criminal y otros remanentes del caciquismo.
Sobre eso nada dicen, hasta que se den las negociaciones posibles que permitan cerrar el ciclo electoral en esos municipios pendientes, y cuyas células diferenciadas traen una bronca sui generis de división y encono, más allá del problema ejidal y de despojos.
Así ha habido casos en otros tiempos en Carranza u Oxchuc por citar hechos pasados, como ahora en Tila.
En el caciquismo indígena ya la sabemos: usufructo de los usos y costumbres a modo, contaminados por la corrupción política y gubernamental, que choca ante las nuevas leyes de paridad por un lado y de transparencia por otro, que incluyó la desaparición del Copladem, que era como su gasto discrecional y sin comprobar, por parte de todos los municipios indígenas.
Acabó, y eso provocó muchas reacciones tanto en Bochil, Chamula y Oxchuc, especialmente en este municipio en dónde ya se les ha hecho negocio bloquear la carretera para cobrar la cuota, ante una tolerancia absurda por parte del gobierno estatal, ante tal prepotencia que es igual a la de los normalistas o el magisterio, que volvió a causar daño a terceros sin que ninguno de esos mentores sea llamado a cuentas.
¿Y luego?
Los bloqueos carreteros son una violación al derecho de tránsito, en perjuicio de miles –con perdidas de millones de pesos-, por los que nadie responde, y todo porque un grupo a veces reducido de personas colocan piedras, cruzan árboles en la zona de rodamiento, atentando en contra de las vías generales de comunicación, lo que es un delito federal.
Pero en aras de la tolerancia, del respeto a los derechos humanos de los inconformes, -que pisotean los de sus conciudadanos quienes no tienen por qué apoyarlos-, ahí los dejan por horas o en el caso de las ciudades cuando bloquean -o sitian, como en el medievo- sus entradas, con toda arbitrariedad, perjudicando al pueblo del que son parte.
Y eso no es privativo de Chiapas: las manifestaciones ya no son expresivas, sino también vandálicas, justificando la ira y el rencor en contra de un ente inexpresivo como lo es todo gobierno, mientras propiedad nacional o de bien público, es afectado o dañado irremediablemente.
¿Y luego?
¿Quién paga los daños generados por el magisterio en Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas?
Ni al caso creer que ese ente inexpresivo como el gobierno se desgarre las vestiduras por eso; aplica la ley o no, a modo, según circunstancias y a veces -que es lo lamentable- recurre al remedio extrajudicial, hoy ya engarbado al modo de los sicarios, lo que deja a estas personas -en especial a los periodistas, líderes sociales, activistas- a dos fuegos.
Pero esa es otra historia.
La que nos ocupa es que los conflictos impactan en las cuestiones civiles, en éste caso las elecciones.
Esperemos que la política de seguridad de la próxima presidenta de México sea más enérgica, o mínimo para el máximo, el crimen organizado sea preciso en sus diferencias y no atente contra civiles “como era antes” de que Calderón alborotara los avisperos.
Ni se notaban esos compas.
Los inconformes pueden tener razón en sus peticiones, y justo es que les den solución: esa demanda no es el problema; lo es en cambio la manera de buscarla, ya contra quien sea, radicalizados porque el gobierno no les da respuesta.
¿Se disculpó el magisterio de la CNTE con quienes afectó?
Desde luego que no, como tampoco lo harán los que complican la paz social en un municipio a grado de impedir que voten para elegir a sus representantes y gobernantes.
Pareciera que la impunidad tiene permiso.
