La inversión en el desarrollo humano y programas de asistencia social, siempre ha gestado polémica en México, desde que fueron instaurados a mediados del siglo pasado, en especial para gente del campo, y ya luego con los estudios sociológicos y económicos, se detectó de que son la mejor opción para evitar situaciones más complejas, como la desnutrición, desarraigo, desintegración de la familia, desplazamiento social.
La noticia de que entra en vigor a partir de su publicación en el diario oficial de la federación, ese programa asistencialista, que beneficiará sustancialmente a comunidades en condición de pobreza extrema que no han podido ser atendidas tanto por los gobiernos municipales como los estatales. Fue bien recibida: no es dinero directo, sino administrado por el estado, salvo el que sí va directo a los beneficiados a través de los programas del Bienestar.
De esta manera el fondo de aportaciones para la infraestructura social, impulsará proyectos como redes de agua potable, obras de drenaje y alcantarillado, tendido eléctrico, pavimentación, infraestructura educativa, del sector salud, mejoramiento de vivienda y urbanización, entre otros.
Son obra pública que, a la vez, realizarán los mismos pobladores por lo que la inversión y pago de trabajadores se queda en la misma localidad, en zonas –se reitera- de alta situación de pobreza, y que tradicionalmente viven en la precariedad, y no conocen otra condición de vida.
Y hay especial atención a comunidades indígenas, cuyo ancestral abandono parece por fin encontrar una luz al final del túnel, y cuyas obras se reinician una vez concluido el proceso electoral, que detuvo todo tres meses.
