René Delios
¿En serio se la creen que en medio de una política tan polarizada, los candidatos a la federación lleguen con un criterio nacionalista a la representación popular?
Parece que van a llegar a defender como sea, las posiciones encontradas, no lo viable para este país.
Porque hoy es cuestionable que -incluyendo a los otrora priistas que iniciaron ese populismo en México-, ahora en aras del mercantilismo se arriesguen los bordes de la soberanía nacional, como ha pasado con la energía y minas desde hace una década en que ya no los tecnócratas, sino los “científicos -que se fueron acercando al poder vía Calderón y llegaron a plenitud con Peña Nieto-, impusieron las llamadas Reformas Estructurales que concedieron -vía mucha corrupción- por hasta treinta años la generación de energía eléctrica, la explotación de minas -Bauxita, por ejemplo-, o la renta de ductos de petróleo y gas, todo con ventajas leoninas para el inversionista, lesionando el erario.
Fue por eso que AMLO trató de remediarlo reformando leyes relativas a la energía, que en otras naciones es de estricta seguridad nacional, y un ejemplo lo tenemos con Ecuador, nación a la que desde Colombia le cortan el suministro y la dejan a oscuras.
Se imaginan si EU controlara el suministro en México.
La cosa es que toda regulación debe ser clara y precisa, evitar vacíos, lagunas, ambigüedades, que no permitan especulaciones -que es lo que pasó con la ley Peña-, suposiciones, o connotaciones diversas al fin perseguido por la norma “abriendo puerta a la manipulación, por incorrecta interpretación, permitiendo que liderazgos sorprendan, abusen de la ignorancia, lucren, empleen malas prácticas o desestabilicen, vulnerando el estado de derecho”.
En la nación que sea, el Estado es responsable de la creación de toda norma, su implementación, interpretación, efectos y aplicación es la que recae en diversas instancias o dependencias de gobierno, en éste caso de energéticos minas, la CFE o Pemex.
De la eficiencia con que se lleve a cabo depende el éxito de toda reforma y se cumplan sus objetivos.
En lo que se sabe es que la cuestión de la reforma de la ley hidrocarburos e igual con la de CFE, los objetivos eran bastante claros: modernizar la infraestructura -CFE tiene 40 años sin invertir en sus presas-; reducir riesgos financieros, atraer inversión al sector energético mexicano directa -y efectivamente sin corrupción-, impulsar el desarrollo con responsabilidad social, el crecimiento económico y generación de empleos.
¿Dónde está lo malo, lo perjudicial entonces en la propuesta de AMLO?
En qué se prioriza la participación del Estado a riesgo del inversor, cuando la CFE –en el caso eléctrico no llega al 55 por ciento, pero eso no gustó incluso a los socios del norte, que llaman a eso proteccionismo económico, cuando lo llevó a cabo Trump durante su gobierno, e igual Inglaterra, allá en la Europa, con el Brexit.
El punto es que, se supone -no lo sé de cierto- que las reformas deben ser para beneficio del país y con ello, para los mexicanos, y lo que vemos -y resulta- es una confrontación política que no es política y si un pleito entre “conservadores” y la 4T, según esto, aludiendo al siglo XIX cuando las leyes de reforma excluyeron a la iglesia de los asuntos del Estado, y los conservadores se desgarraron las vestiduras.
Ahora, dice la candidata de oposición que los empresarios son excluidos de las decisiones financieras y económicas del gobierno, en un equívoco muy grande pues necesariamente el sector comercial, empresarial, industrial y de transformación, debe ser contemplado porque es el que genera empleos, desarrollo, valor agregado, pues no puede haber desarrollo social sin crecimiento económico, y es cierto, pero no necesariamente ese crecimiento económico aportaba para el desarrollo social y eso, le corresponde al Estado.
De ahí que, la política de AMLO, la populista, sea “primero los pobres”.
Y es que sí: a los pobres lo debe atender el gobierno, y más si es consecuencia de malas administraciones, porque esos pobres están ahí por ausencia institucional, igual de la delincuencia: los dejaron crecer.
Lamentablemente existe o persiste la idea -en los vanguardistas de la izquierda lerda- de que los ricos ya son muy ricos, y deben repartir cuando, mientras más millonarios existan en México, mejor: ese dinero no se queda estático, se mueve, se invierte y genera riqueza, sí, pero también empleo, y es en éste en dónde hay que enfocar las ideas para que sea más redituable, esto es, que el salario en verdad alcance para todo lo necesario tal y como lo refiere el artículo 123 constitucional, y al que se refieren en uno de los apartados del T-MEC pues, a los socios comerciales de México, les interesa que el trabajador mexicano tenga mejor poder adquisitivo y sea más activo su consumo en el comercio doméstico y exterior del acuerdo.
Pero vamos al cierre electorero: el país es un caos financiera y socialmente; la inseguridad es evidente, la administración es un desorden, en tanto el indicador que desmiente todo eso, el peso, sigue tranquilo, estable, emergente, y los morenistas van con todo no solo por la presidencia, gubernaturas, sino por las cámaras federales, para aterrizar el proyecto nacionalero de la 4T, de ahí que no importa quienes de ellos lleguen –su nivel académico, ocupación-, tienen que se institucionalistas a ultranza, como otrora los priistas, y aprobar a ciegas todo lo que les manden desde palacio nacional.
Así que el criterio está en la oposición, que esperemos que lo eleve y no sea nada más la contra por la contra, como sucedió en éste periodo legislativo en el que, la bancada de trina del PRI, PAN y PRD, se ampararon con la Suprema Corte de Justicia dela Nación, que parcial y de derecha, rebotó roda iniciativa, incluyendo la reforma al INE, caro, obsoleto, lerdo, y la ley eléctrica, aun a costo –decía- del erario.
Insisto que el representante del pueblo es el legislativo ¿Lo representa en realidad?
No, desde luego que no: antes y siempre antes, son diputados institucionales al partido primero, populares con la gente después.
