René Delios
A los ciudadanos nos toca seguir pagando la peor parte de la demagogia política que se extiende en todo el país: ahora resulta que se vuelven a dar cuenta que asesinan a periodistas y a activistas sociales en México, como en ningún otro lugar del mundo en tiempos de paz, ahora porque ayer fue el “Día Internacional de la Libertad de Prensa”, en un país en el que a diario muere gente por la actividad del crimen organizado -más de 3 mil al mes- y se trata de ciudadanos cuyos casos deben ser igual de importantes que un periodista o activista muerto.
Pero el oportunismo político, el lucimiento electorero, y lo lamentable es que hay organizaciones del gremio y de activistas que se prestan al proselitismo, le quitan vigencia a un tema grave como lo son los homicidios a comunicadores y activistas, cuyos índices en México son bastante alto.
En el caso de los periodistas, a estos los asesinan porque se meten en ese mundo turbio, dicen unos, y otros porque no se meten: son los que no aceptan servir de “denunciantes” para exhibir las acciones del grupo contrario en alguna plaza, y por lo que sea, los alcanzan las balas.
En el caso de los activistas, mínimo 80 en el sexenio, y no son tema de preocupación cuando esas muertes tienen que ver con la denuncia.
¿Y luego?
Pero en el caso de los ciudadanos, esos y esas que se mueren sin culpa, no tienen nombre, solo son una cifra que destaca el candidato de oposición, como muestra de la incapacidad de la presente administración cuando, tenemos en claro, que ese flagelo no es de ahora: en cambio su actuar es más visible, no hay censura.
Extrañaba a muchos que el crimen organizado no asesinara a políticos, y a partir de 2000 empezó a suceder: ya van un buen de alcaldes y hasta ha habido candidatos ultimados tanto en la campaña de 2018 como de 2021 –de ellos no se acuerdan ya en sus partidos respectivos- y a la fecha van tres y dos desaparecidos, y no se ha dicho nada de avances o arrestos: ¿Son esferas de la clase política que se mete en la narco política?
Y así queda flotando la duda.
No es privativo de los gobiernos en México el “desinterés” que se observa desde el poder hacia el gremio periodístico, aun sea ya mucho más profesionalizado y concientizado en su trabajo, en especial en los que no caen en el llamado periodismo militante.
La realidad es que más allá de la lujosa oficina, los buenos salarios, las mercedes y privilegios de que gozan los comunicólogos en las poltronas oficiales en los tres niveles de gobierno, es que hasta allá abajo, en las calles, los periodistas se siguen muriendo, ejecutados, secuestrados, levantados o asesinados frente a su casa como ha pasado en Villahermosa, Tabasco; Acapulco, Guerrero; Ciudad Victoria, Tamaulipas, Yajalón, Chiapas, entre otra decena de ciudades.
A los periodistas los matan a balazos y hasta a sus familiares -si van con ellos en mala hora-, y los más, mal pagados y sin derechos de nada, no tienen ni lo necesario para los funerales y ahí el gremio lastimosamente anda colaborando para dar sepultura.
Sin libertad de expresión no hay democracia, y sin ésta no puede haber buenos gobiernos y así, en los “sin”, llegamos a lo que genera la injusticia que vivimos hoy: en este sexenio, durante la actual administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman 53 periodistas asesinados; de 1983 a la fecha –por hablar también del periodo neoliberal-, de acuerdo con el Monitoreo Permanente del gremio organizado, suman 318 asesinatos, de los cuales en un 80 por ciento siguen impunes y sin seguimiento alguno.
No son ya ni mencionados en las mañaneras, en las campañas, no importan, no aportan imagen.
