Arít León Rodríguez
La violencia de género como forma de discriminación es, pues, algo más que una cuestión circunstancial. Se trata de un primer paso en la lucha por erradicarla y un compromiso por parte de la Administración de no quedar al margen de lo que se califica como “uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución.
Además sabemos que es un obstáculo para el pleno desarrollo de las mujeres y de la sociedad.
De este modo, se reconoce en la ley que los poderes públicos no pueden ser ajenos a esta lacra social e invocan a la Constitución, pero también a las demandas del Derecho Internacional para justificar la urgencia de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres.
Cuando una mujer es golpeada en la calle y después filmada y expuesta en redes es un ejemplo de que la indolencia social está magnificada.
En muchos casos se ha expuesto a la víctima como permisiva y responsable de la agresión, y al agresor se le hace poco eco en cuanto a su culpabilidad, realizándose hasta burlas acerca de este comportamiento.
No es de extrañarse, un estudio en país determino que de diez varones mayores de edad, siete aceptaron que de no ser la violación un delito sancionado, la realizarían sin remordimientos.
Pues bien, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en las relaciones de trabajo son, sin duda, un buen ejemplo de esa violencia que también padecen las mujeres en lo público, de su normalización por parte de quienes la ejercen, e incluso, lamentablemente, de quienes las soportan.
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Con la situación actual y la falta de combustible para muchos ciudadanos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en algunas dependencias han tenido consideración del estado en el cual se encuentra la población y dado oportunidad a que los trabajadores y trabajadoras se mantengan en casa.
Es evidente que no es casualidad que cercano a las elecciones, este problema magisterial se haya agudizado un punto desquiciante, y aunque toda persona que se dedique alguna función laboral tiene el derecho de manifestar sus ideas y exigir sus derechos esta continua conducta está afectando definitivamente a las personas que menos tienen que ver con estos problemas.
Mientras el magisterio está exigiendo 100% de aumento salarial y beneficios a su estatus de trabajadores de la educación.
La situación derivada del conflicto que se está viviendo en la ciudad ha dejado a personas sin ingresos y sin alimentos en la mesa, aquellas personas que viven día a día con lo que se gana en una jornada laboral directa han vivido momentos de angustia y desesperación por no poder laborar de forma correcta y pacífica .
Dicotomías de la justicia, ¿Que no?
