Se ha hecho tan fácil descalificar a políticos, quizás porque ellos mismos se lo han ganado decepcionando al pueblo por sexenios o por la forma en que se han enriquecido en un lapso demasiado corto, cuando todo el tiempo han sido funcionarios públicos -y sin negocios propios- generando sospechas entre sus representados o gobernados.
Pero cuando aún no lo son y de todos modos pasa lo mismo: hasta se insultan, pues llaman la atención del morbo, no el interés, como pasó con los debates presidenciales que, en el caso mexicano no inclinan la balanza, y menos con la poca audiencia que registran, pues en el último debate, se dice que fue visto por unas 13 millones 300 mil personas, de un universo de votantes de 99 millones, 084 mil,188 ciudadanos en México.
Esa audiencia -11.2 por ciento de electores- es la única que se interesa en los planteamientos de los candidatos.
Desde luego que en la arbitrariedad en que se cae en las redes sociales, en campañas proselitistas, cualquiera tiene la idea que puede acusar sin pruebas a quien sea, pedir que le cancelen el derecho político y ciudadano de ser electo, e insisten en las redes sociales en llamar corrupto ha determinado o susodicha, pero la verdad es que no es cierto: tienen sus derechos intactos aun las acusaciones vertidas y reviradas.
En el caso chiapaneco, no han sido pocos los políticos con altas posibilidades de triunfo que han sido sometidos a ese tipo de golpeteo indistinto cargo de elección, incluyendo a los que ni posibilidades tienen, pero que de vez en vez se asoman a ver que pega.
Se supone que la guerra sucia se concentra en contra del puntero, para bajarle imagen, desinflar sus planteamientos y hasta cuestionar su vida privada, su familia, como lo vemos y seguiremos viendo en los siguientes días en las redes sociales.
