Arít León Rodríguez
El territorio de los indígenas yaquis es singular.
Singular, en el sentido de que ha sido de interés para empresas y el gobierno mismo desde hace varias décadas, tiene costas, valle, una fracción de la Sierra Madre Occidental y toda la Sierra del Bacatete.
Sus tierras son fértiles para la agricultura, poseen un bosque con amplia biodiversidad y playas libres de desarrollos inmobiliarios.
Lo malo que ha tenido ese territorio, digo para los intereses transnacionales, es que ahí, hay personas, justamente los yaquis, los cuales se han visto obligados a librar una batalla contra la construcción del Acueducto Independencia, que aseguran es responsable del desabastecimiento de agua en sus comunidades; a reclamar sus derechos frente la instalación del Gasoducto Sonora, que señalan pone en peligro a los pueblos indígenas y a vigilar que las concesiones que se otorgan a empresas mineras no afecten su normal acceso al agua.
En la región indígena hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y México que están en operación, de acuerdo con la Cartografía Minera de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano.
Marchas, bloqueos de carreteras y amparos legales eran parte de la estrategia de los yaquis que los llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación máximo órgano mexicano que le dio la razón a los indígenas, a pelear por sus tierras y el agua. Todo fue en vano.
Al final, el gobierno de Sonora construyó el acueducto para trasladar 75 millones de metros cúbicos de agua al año, desde la cuenca del Río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo porque, mientras los indígenas actuaban legalmente, el entonces gobernador Guillermo Padrés Elías avanzó con rapidez en la construcción de la obra.
El Acueducto Independencia ha beneficiado, principalmente, según la dirigencia yaqui, a las grandes industrias y empresas agroindustriales presentes en Hermosillo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo oficial en el 2021 la devolución de tierras al pueblo Yaqui en varios municipios del estado de Sonora.
“Se le entrega en propiedad para su uso, explotación y administración, conforme a sus usos y costumbres, la superficie total de 2,943-73-89.23 ha (dos mil novecientas cuarenta y tres hectáreas, setenta y tres áreas, ochenta y nueve punto veintitrés centiáreas), que comprenden los polígonos antes descritos ubicados en los municipios de Guaymas, Cajeme, Empalme y San Ignacio Río Muerto, estado de Sonora”, señala el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la mañana del día de ayer.
Es decir, devolverles lo que les corresponde y por lo que han peleado desde 1997, y que les ha costado la vida de más de 30 personas a lo largo de esta batalla legal.
Curiosamente en épocas recientes ha empezado a asomarse lenta pero con firmeza la denuncia de que más de 30 millones de litros de agua es otorgada para concesionar a empresas como Coca-Cola en el estado, y aún cuando no son mineras sí están generando un impacto importante en el ecosistema.
¿Tendremos que esperar a que se realice la denuncia de una sequía preocupante como está sucediendo actualmente en la zona norte del país mientras vemos que los recursos acuíferos están siendo ocupados de manera indebida empresas internacionales que no dejan gran recurso ni formas de crecimiento a nuestro andamiaje social más que algunos empleos mal pagados?
