Podríamos entender que ante la falta de recursos suficientes, algunas organizaciones campesinas reclamen respuestas a sus demandas y extremen en un momento dado su actitud ante determinada institución, por la nula atención.
Pero el caso es que este año hubo y hay sequía.
Podríamos entender que ello obligue a sus dirigentes a tomar edificios públicos o bloquear carreteras por horas, en demanda de una negociación, como sucede en no pocas entidades, pero eso de bloquear carreteras y de cobrar el paso de manera agresiva es otra cosa: es robo y amenaza sobre quienes no son los responsables de su inconformidad.
Estos bloqueos y demás acciones de organizaciones -la que sea-, generan altas perdidas. A los afectados nadie les retribuye el daño, y decepciona saber que por esa vía agresiva, estos grupos consiguen lo que quieren, pero como los afectados no están organizados por nadie, su reclamo se pulveriza.
Eso es impunidad y ya no puede ser, son demasiadas las pérdidas al año para los civiles, que saben que existe una ley estatal contra bloqueo de vías de comunicación, pero que no se aplica en nombre de la tolerancia o lo que sea, pero que ya cansa.
Las referencias en las redes sociales –casi todas imprecisas y que solo generan confusión- reflejan finalmente este hartazgo que debe ser ya escuchado.
Como si estuviéramos en el medievo, cualquier grupo comunitario, gremial, estudiantil, toma una carretera y los accesos a una ciudad, e impide el libre transito, violando a nombre de sus derechos, el de terceros, y si les aplican la ley, violan sus derechos humanos, hay represión.
Luego declaran que hay desaparecidos.
Son tan corruptos como a los que acusan.
