René Delios
Hace unos días el magisterio volvió a bloquear los accesos a Tuxtla Gutiérrez, es decir, la sitió -igual en otros puntos de Chiapas-, violando el 11 constitucional, so pretexto de su derecho a inconformarse aún pisoteen los derechos de los que viven en una ciudad de 600 mil habitantes, pero argumentan que es la única forma en la que se pueden hacer escuchar, y desde luego, con la impronta de que, anuncian con tiempo el paro y bloqueo y por lo que se observó no se previno y hasta que se da el hecho, se negocia, en tanto se perjudica a los ciudadanos, los comercios, la libertad de tránsito, y aparece –ese estilo obsoleto- un funcionario por ahí que libera” el problema para lucimiento político.
Y así pasa con organizaciones o caciquismos en algunos municipios indígenas: primero que perjudiquen y luego se negocia.
Podríamos entender que, ante la falta de recursos suficientes –porque no los hay-, algunas organizaciones campesinas reclamen respuestas a sus demandas y extremen en un momento dado, su actitud ante determinada institución, por la nula atención.
Podríamos entender que ello obligue a sus dirigentes a tomar edificios públicos o bloquear carreteras por horas –como lo hace el magisterio-, en demanda de una negociación, aunque otra cosa es bloquear carreteras y cobrar el paso de manera agresiva, como acostumbran los normalistas u oxchuqueros, pues eso es extorsión o robo, pues es ciudadanía que nada tienen que ver con los responsables de su inconformidad.
Se supone que ese recurso que le cobran a fuerzas a la gente, es para el financiamiento del movimiento, pero las formas se han extralimitado y lo peor, las consecuencias la padecen los ciudadanos, que deben ser respetados por los manifestantes, y si no, pues la autoridad debe hacer que los respeten.
Pero no sucede eso y es cuando, los ciudadanos quedan en la indefensión pues el estado de derecho no les asiste.
Estos bloqueos del magisterio y demás acciones de organizaciones -la que sea-, generan altas perdidas. A los afectados nadie les retribuye el daño, y decepciona saber que, por esa vía agresiva, estos grupos consiguen lo que quieren, pero como los afectados no están organizados por nadie, su reclamo se pulveriza y se quedan con las ganas de justicia.
¿Es justo?
En alguna parte, hay los funcionarios que se lucen “negociando” y destrabando el problema, por lo que es su trabajo, pero nunca he leído un llamado a los afectados para que hagan sus reclamos y se les dé solución.
Por miles, los ciudadanos chiapanecos se han visto afectados por estos movimientos y bloqueos, igual el turismo, que sorprendidos de que tal anarquía se permita en un país que se dice de instituciones.
Y el problema es que ya es una constante, o más bien una utilidad de la “inconformidad misma” que por el reclamo que sea, bloquea una carretera y a cobrar el paso, por horas, y hay veces que se desaparecen sin negociar nada y queda claro que solo lo hicieron por el varo.
Eso es impunidad y ya no puede ser, son demasiadas las pérdidas al año para los civiles, que saben que existe una ley estatal ex profeso pero que no se aplica en nombre de la tolerancia o lo que sea, pero que ya cansa.
Las referencias en las redes sociales –casi todas imprecisas y que solo generan confusión- reflejan finalmente este hartazgo que debe ser ya escuchado.
Matraz
Pero tenemos los motivos del otro lado.
La cuestión laboral del magisterio es una asignatura pendiente, pues en los últimos cinco años el salario magisterial no ha sido ajustado de acuerdo a la inflación, y ha perdido 28 por ciento de su poder adquisitivo; un docente con licenciatura gana 17 mil 255 pesos, y con los descuentos de 3 mil 402 pesos por diversos conceptos le quedan 13 mil 853, es decir, poco más de 2.2 salarios mínimos -de ahí que presionen desde ahora, pues el próximo 15 de mayo es día del maestro y por lo general ese día se les dan los incrementos-, y según para equilibrar eso se ha hecho tecnicismo de parte del gobierno que aplica los incrementos no al salario base, sino a las compensaciones.
Aparte de que para la CNTE la reforma educativa de Peña sigue vigente, pues según indican presenta o mantiene un régimen laboral de excepción, y se canceló la bilateralidad en las negociaciones, y salvo se eliminó ese proyecto intimidatorio de la evaluación que ofende a un magisterio preparado –que no culto, pues eso es otra cosa- para la impartición de la instrucción básica frente a aula, y que desde luego debería contar con los elementos y cursos permanentes para incrementar constantemente su profesionalismo, como sucede en las universidades, en las que los catedráticos hasta gozan de un año sabático, que es un período de tiempo en que los profesores se dedican al estudio, a la investigación o la realización de actividades que conlleven a la superación académica.
Eso no sucede en la educación básica, por lo que hay cierto elitismo en ese sentido que, debe desaparecer, pues la educación básica es medular, su calidad debe ser ya, prioritaria.
Eso sin mencionar las condiciones estructurales de miles de escuelas en el país, la falta de maestros en todos los subsistemas que comprende la educación básica, que es variada: escolarizada, no escolarizada, mixta, y de ahí derivan indígena, telesecundaria, etcétera, y esa inconsistencia obliga al magisterio a atender aulas de 40 alumnos, lo que no es para nada recomendable, y así ha sido por décadas.
¿Cómo se puede hablar de desarrollo humanos y social sin calidad en la educación?
Esa es otra historia que ingresa en la discusión al presente gobierno; la docencia se instruye, el gobierno debe cumplir con los elementos para mantener la calidad educativa, y mejorarla constantemente.
Para ello, para encontrar esa vía, debe tomar en cuenta al magisterio.
O sea, deben sentarse a negociar primero lo laboral y luego lo referente a la calidad educativa, pues ni negar que Cuba con mucho menos recursos, tiene mucho mejor calidad que México, lo que no debería ser.
Es algo que se puede solucionar, pues finalmente magisterio y gobierno sirven al pueblo; es decir que están obligados a llegar a un acuerdo, porque en esto ninguno gana, ninguno pierde, salvo los educandos y con ello, el futuro de México, porque son esos estudiantes el objetivo de la SEP y el magisterio.
