A pesar de ser uno de los países con mayor peligro por fenómenos naturales, más de 70% de la población está expuesta ante huracanes, sismos, deslaves o lluvias y sin planes de contingencia, de alerta, evacuación y reconstrucción
Al menos mil 970 municipios de México, es decir, 80% carecen de un Atlas de Riesgos. Ello, a pesar de que este es uno de los países con mayor peligro catastrófico por fenómenos naturales, lo cual deja expuesta a más de 70% de la población ante huracanes, sismos, deslaves o lluvias y sin planes de contingencia, de alerta, evacuación y reconstrucción, tal como ocurrió con Otis en Acapulco, Guerrero, destacan especialistas y estudios legislativos.
De acuerdo con diversos análisis legislativos, exhortos e iniciativas, existe desinterés por parte de las autoridades de más mil 970 municipios que no tienen Atlas de Riesgos, ni planes de prevención o mitigación ante inundaciones, deslaves, sismos, lluvias, huracanes, tornados e incluso incendios, explosiones y otros fenómenos.
Los municipios que sí tienen Atlas de Riesgos o de Protección Civil, es decir 505, no los han actualizado en los últimos 10 años, por lo que son obsoletos ante el crecimiento de la población, de la mancha urbana y de nuevos asentamientos en zonas como laderas, lechos de ríos, barrancas o zonas costeras.
Sumado a este panorama y en una revisión de los perfiles de los titulares de Protección Civil a nivel federal y estatal realizado por EL UNIVERSAL, históricamente los cargos se han entregado a políticos sin experiencia, a funcionarios que no encontraron acomodo en el gabinete, que no fueron candidatos o como premio de consolación y con la idea de que nunca ocurrirá una tragedia.
En pocas ocasiones se han dado a profesionales en la materia, a pesar de que cada año se repiten emergencias a causa de sismos, huracanes, lluvias, deslaves, incendios o accidentes en minas.
Según los currículums de los encargados de estas áreas a nivel nacional y estatal, las trayectorias son variopintas, ya que si bien hay perfiles con una alta preparación en el tema, incluso con cursos internacionales y libros publicados, la mayoría no tienen experiencia alguna.
Por ejemplo, en Baja California, el coordinador estatal de Protección Civil, Salvador Cervantes Hernández, es cirujano dentista; en Baja California Sur, Benjamín García Meza, subsecretario de Protección Civil, ha sido diputado suplente y no aparece su currículum en el directorio del gobierno; en Campeche, Bertha Pérez Herrera, secretaria de Protección Civil, es pedagoga de profesión y exdirectora de un grupo de danza; en Zacatecas, Jeú Márquez Cerezo, coordinador estatal de Protección Civil, es por su lado exdiputado federal y abogado.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional 41.8% del personal que trabaja en las Unidades de Protección Civil de los estados se desempeña en funciones administrativas y de apoyo, es decir, en burocracia y menos de la tercera parte están dedicados a labores de rescate y prevención.
Un 28.1%, es decir, casi tres de cada 10 se dedican a funciones como binomios caninos (persona instructora y can), a rescate acuático, aéreo, manejo de emergencias con materiales peligrosos, extracción vehicular e investigación.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023, del Inegi, sólo 4.8% de ese personal tiene funciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas; 5.3%, se desempeña en el servicio paramédico y 19.4% laboran como bomberos.
Sin embargo, destacan entidades como Coahuila, que es un estado minero, así como Puebla, Quintana Roo y Sonora, que reportaron que 100% de su personal de Protección Civil desempeña funciones administrativas y de apoyo.
El académico e investigador, Rafael Rodríguez González, con maestría en Geografía por la UNAM, lamenta que el perfil de la mayoría de estos funcionarios, que responden más a intereses políticos, de grupos o partidos, que contar con especialistas en Urbanismo, Ingeniería y Geología, o al menos tener cursos o certificación de universidades nacionales o internacionales en materia de Protección Civil.
Recuerda que la Ley General de Protección Civil, “que prácticamente es letra muerta”, señala que aquellos servidores públicos que desempeñen una responsabilidad en las unidades de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de Protección Civil deberán contar con certificación de competencia expedida por alguna de las instituciones registradas en la escuela nacional en la materia.
Al respecto, el fundador y líder del grupo de rescatistas Topos Azteca, Héctor Méndez Rosales, dice que en sus más de 37 años apoyando rescates en México, y en prácticamente todo el mundo, se ha encontrado con encargados de Protección Civil a nivel nacional, estatal o municipal que “no saben nada del tema y que fueron puestos por amiguismos, compadrazgos o como premio de consolación. Hay de dulce, de chile y de manteca”, ironiza.
“Anécdotas y nombres tengo muchos sobre cómo no saben actuar ante una tragedia, ante una emergencia, lo cual pone en riesgo la vida de quienes se busca rescatar. Creen que por traer una camioneta 4×4, un chaleco, un casco y el nombramiento ya conocen todo en la materia, pero en ocasiones ni siquiera los protocolos oficiales o las leyes han leído. Ya no digamos temas como el rescate en edificios colapsados, en minas, deslaves de montañas”, señala.
El consultor en Protección Civil, Marco Alberto Rodríguez, lamenta el nivel de improvisación y la falta de capacidad y preparación de las autoridades en la materia en el país./ (EL UNIVERSAL)
