El proyecto de la corte refuta la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, por considerar que violenta la presunción de inocencia de quiénes son presentados ante el MP.
Agencias
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que tiene diferencias con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, respecto a la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa que será debatida por la Corte en septiembre.
El proyecto de la Corte refuta la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, por considerar que violenta la presunción de inocencia de quiénes son presentados ante el ministerio público.
López Obrador cuestionó la integridad del Poder Judicial, y dijo que los jueces y ministros encargados de impartir justicia están sujetos a ser corrompidos por el crimen organizado o personas con recursos económicos suficientes.
“¿Qué, es un Poder incorruptible? ¿Es el castillo de la pureza?
Yo estimo mucho al presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) pero no coincido con él en este tema.
“Además, esto significa pérdida de vidas humanas, no solo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil sino también de elementos de la policía, del Ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud”, recalcó López Obrador.
El titular del Ejecutivo consideró que la prisión preventiva oficiosa es necesaria para evitar que presuntos delincuentes obtengan su libertad inmediata pese a que haya deficiencias en la integración de las carpetas de investigación.
López Obrador planteó que el Consejo de la Judicatura, que también preside Arturo Zaldívar, refuerce el sistema de defensoría de oficio para proteger a las personas de escasos recursos que llegan a prisión, pues son ellos quienes no tienen posibilidad de pagarse un abogado que gestione su liberación
“El Poder Judicial no los defiende. El Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio. Y debería funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura”, afirmó el presidente.
La prisión preventiva oficiosa fue cuestionada por organismos defensores de los derechos humanos, quiénes señalan qué es una medida anticonstitucional, y exigieron a la Corte derogarla.
