Bajo leyes antiaborto, 21 millones de mujeres en EU

27/agosto/2022

Tres entidades con gobiernos republicanos pusieron en marcha ayer nuevas normativas; en Texas castigarán con cadena perpetua a médicos que realicen el proceso

Agencias

A partir de ahora, 21 millones de muje­res en Estados Unidos viven bajo leyes que limitan el ac­ceso al aborto.

Antier, entraron en vigor le­yes restrictivas en los estados de Texas, Idaho y Tennessee.

Las entidades, gobernadas por el Partido Republicano, se sumaron a las limitantes legales tras el fallo de la Cor­te Suprema, emitido en junio pasado.

Desde la anulación de la famosa sentencia “Roe v. Wade”, de 1973, 13 estados han prohibido o fuertemente recortado el derecho a inte­rrumpir voluntaria­mente un embarazo.

En contraste, los estados goberna­dos por mandatarios demócratas buscan constituirse en san­tuarios del derecho al aborto.

Destaca el caso de Kansas, un esta­do tradicionalmente de derecha, los elec­tores votaron en re­ferendo a favor de mantener la garan­tía constitucional del aborto.

Además, Florida, un bastión republi­cano, ha atraído a mujeres de Luisiana, Misisipi, Alabama o Georgia, quienes re­quieren el servicio médico.

 

MANO DURA

El presidente Joe Biden ha hecho de la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo uno de sus temas de campaña para movilizar a su base electoral, de cara a las elecciones intermedias de noviembre próximo.

Incluso, el pasado 3 de agosto, el mandatario firmó un decreto para permitir a las mujeres del país viajar a es­tados donde el aborto esté despenalizado.

En Texas, la ley que entró en vigor ayer castiga hasta con cadena perpetua a cual­quier integrante del cuer­po médico que practique un aborto, salvo en caso de que peligre la vida de la madre.

Esta norma se suma a una serie de textos restricti­vos que ya habían llevado al cese efectivo de los abortos en este estado de 30 millo­nes de habitantes, colindante con México.

Por su parte, en Tennes­see, también en el sur del país, donde el aborto ya esta­ba prohibido después de las seis semanas, cualquier per­sona que practique el pro­ceso puede ser condenada a prisión.