– Delincuencia organizada es un perpetrador central de desapariciones, con diversos grados de participación u omisión de servidores públicos, señala
– Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo ocho mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de este delito en México.
Por lo que, recomendó al Estado mexicano acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y una política nacional para prevenir esta tragedia humana.
Al presentar este martes el informe sobre su visita al país en 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas reportó 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre.
De esas, señaló, se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo ocho mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, señaló el Comité en su informe.
Indicó que los “Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
El Comité afirmó que las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. “No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, constató el Comité.
“Víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”, añadió.
Ante ello, el Comité expresó su preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales, refirió, han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones.
También mostró preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
El Comité hizo referencia sobre desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración, por lo que tomó nota de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar sobre su paradero.
Predomina “impunidad absoluta” en desapariciones
Asimismo, señaló que la “alarmante tendencia al aumento” de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6%, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, dijo el Comité.
Por último, externó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país.
Esto debido a que, según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense./ (EL UNIVERSAL)
