René Delios
Me esperaba una crítica dura por parte de los seguidores del señor Presidente de la República, porque insisto en que es demagogia hablar de la corrupción como el origen de nuestros males naciones, y no presentar culpables, dejando pasar la oportunidad de hacer justicia histórica a la nación –que terminaría con la impunidad, que no es poco decir- metiendo a la cárcel a un buen de ex funcionarios y sus secuaces, lo que no hace el tabasqueño aun sea petición de esos seguidores, los que se quedaron con las ganas de ver tras las rejas aun buen de ratas adineradas, e imagino que esa desilusión la piensa compensar -el de Macuspana-, impulsando esos programas de justicia social, que es la que le compete ahora al presidente de México, que deja ir la oportunidad –también histórica- de pasar a los libros de texto.
Por otro lado –aunque debieran- finalmente no me extraña que sus adversarios más encarnizados viendo esa debilidad, no le den con todo al mandatario exigiendo que dentro de la transparencia que enarbola y cuya bandera ondea como sinónimo de él mismo, no solo muestre el listados de deudores fiscales, sino que instaure demandas judiciales en contra de esos ex funcionarios que dañaron propiedad patrimonial del gobierno federal, pero igual se muerden la lengua pues esos posibles acusados son los mismos cabecillas que hoy financian la contra recalcitrante que padece el presidente.
AMLO solo mantiene en proceso a su ex colaboradora -también de Peña-, Rosario Robles Berlanga, satanizada ya de corrupta, pero a la que aún en concreto no le han dejado caer culpa alguna, por lo que no hay fallo en su contra e igual hasta alcanza libertad pasado el sexenio.
Así paso en el sexenio de Peña con los paisanos del sureste mexicano detenidos con todo el despliegue publicitario como fueron los casos de la dirigente vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales y el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo y, al parecer -como el de Rosario Robles-, para allá va el caso de Javier Duarte de Ochoa, de quien se dice que ya tiene un pie fuera del reclusorio.
Como Granier y Duarte otros ex gobernadores priistas fueron detenidos en un gobierno priista, pero éstos –y hasta la fecha- jamás se llamaron o llaman presos políticos, pues bien saben de sus culpas y que esas ocurrencias no se las cree ya la opinión pública, para la que pocos son los políticos excluidos del sinónimo de “bandidos”.
Como hoy AMLO, Peña llegaba al poder en alternancia, luego de dos sexenios panistas y tenía que levantar con eso de un nuevo priismo, y la alternancia fue un buen pretexto para demostrar que se venía sin preferencias y menos con proteccionismos, aun hayan sido gobiernos de sus mismas siglas.
Y así para junio de 2013, se ejerció acción penal en contra del priísta Andrés Rafael Granier Melo, ex gobernador de Tabasco, lo que ocasionó todo tipo de conjeturas, incluyendo que el tabasqueño, habían caído en desgracia porque no apoyó la campaña presidencial de Peña, en desacuerdo porque no quedó Manlio Fabio Beltrones.
Luego de Granier, fue larga la lista de ex gobernadores que fueron a caer a la cárcel: Roberto Borge (PRI) de Quintana Roo; César Duarte Jarquéz (PRI), el prófugo ex gobernador de Chihuahua; Tomás Yarringtón (PRI), ex gobernador de Tamaulipas; Guillermo Padrés (PAN), ex gobernador de Sonora; Luis Armando Reynoso Femat (PAN), ex gobernador de Aguascalientes; Jesús Reyna García (PRI), ex gobernador interino de Michoacán y Flavino Ríos (PRI), ex gobernador interino de Veracruz.
Pero ni aún con todos esos detenidos, levantó la popularidad de Peña y el colapso del PRI fue claro.
Pero no de la política ya no nacional, porque es exagerar, sino en esas entidades dónde cada detención del ex gobernador de referencia fue considerada justa y celebrada, aparte de que arrojó en cascada la de otros ex funcionarios inmediatos a los ex mandatarios, que generalmente quedan beneficiados por la impunidad una vez que cae “la cabeza”, pero tuvieron la mala fortuna de que en algunas entidades se dio alternancia entre 2012 y 2017, como fueron los casos de los estados de Tabasco, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Michoacán y cada gobernador entrante necesitaba su dosis de transparencia y justicia.
Pero al parecer mi presidente de México no. Su política en contra de la corrupción y la impunidad se basa en ubicar su procedencia –no el generador- y solo detener su práctica; algo así como “abrazos no balazos”, mientras el crimen organizado acciona, como nunca, el gatillo.
La justicia se impone a todo, lo que nos cueste, en beneficio de los que apenas crecen y por los que aún vienen: esto no solo es de leyes sino también de instituciones.
Lo demás es demagogia, neto.
Como un buen desde la periferia de la política, nos cae que no podemos seguir pensando como nación –o entidad- de manera inmediatista, pues eso es en parte lo que también ha impedido la continuidad, que tanto le ha costado a un México que se sigue siendo una nación para un nombre y unas siglas que llegan a reinventarlo cada sexenio, pese a que ha sido sistemáticamente un fracaso desde el nacionalismo revolucionario, el presidencialismo mismo, el neoliberalismo individualista y ahora la 4T.
Matraz
México es uno a la hora de gobernar, y su gobierno está sujeto a todo cuestionamiento.
Hasta que demuestren lo contrario con hechos, con calidad de vida, y para eso falta tiempo, ser políticos en éste país es sinónimo de bandidos –y se lo ganaron a pulso-, que se enfrascan en situaciones bizantinas como las de ahora con eso de descontar arbitrariamente aguinaldo y salario a funcionarios en beneficio del combate al mal chino, o pedir que se detenga la construcción del tren maya y la refinería de dos bocas en el sureste, por parte de gobernadores del noreste del país.
Cosas como esas, de siempre incongruentes, nimias, que hacen máximas.
Para máxima, se insiste, solo la justicia.
- Que versa sobre el que a Chiapas también le deben el ingreso de la justicia, para que aclare el periodo negro de los gobiernos que lo usufructuaron a modo en lo que va del siglo.
